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En menos de 20 días la Fiscalía General, la Procuraduría y la Unidad de Victimas deberán entregar a la Corte Constitucional un informe detallado sobre los avances en la protección a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, la Corte pretende evaluar si se ha superado el estado de cosas inconstitucionales declarado en una sentencia del 2004 cuando se encontró que el Gobierno no había incorporado el enfoque diferencial de género para proteger a ese grupo de mujeres.
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Para la Corte, las respuestas dadas por la Fiscalía sobre los avances y decisiones judiciales frente a los casos no son congruentes, debido a que no se explica por qué existen inconsistencias frente a los reportes entregados el 17 de abril de 2018 ante la Procuraduría y lo revelado ante la Corte un mes después.
“El 17 de abril de 2018, en el marco del seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, la Fiscalía se refirió al estado procesal de 176 casos del primero y a 442 del segundo, mientras que en la respuesta al Auto 737 de 2017, enviada a esta Sala Especial en mayo de 2018, informó acerca de 228 casos del Auto 092 de 2008 y de 402 del Auto 009 de 2015”.
Por lo cual la Corte optó por solicitarle a la Fiscalía una explicación sobre el universo total de casos registrados.
En el mismo sentido, el alto tribunal le solicitó a la Procuraduría esclarecer qué tipo de casos cuentan con algún agente especial.
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De acuerdo con las cifras entregadas a la Corte por la Unidad de Víctimas, de las 527 mujeres incluidas en los registros, 378 están incorporadas por delitos contra la libertad e integridad sexual y 149 por otros hechos victimizantes.
Las tres entidades deberán precisar “la fuente de las cifras que mencionan en sus informes respecto al universo de mujeres identificadas” como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
