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Noticias RCN dio a conocer un video de cómo lucen las instalaciones de la Justicia Especial para la Paz en medio del escándalo por el dinero destinado al posconflicto.
Las imágenes se revelan en medio de la renuncia de Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de las pesquisas de la Contraloría General de la República para saber qué sucedió con 4 millones y medio de dólares de aportes internacionales destinados al montaje del sistema transicional.
El video da cuenta de una escasa dotación de las sedes. En el piso 11, donde despachan magistrados, no hay ni líneas telefónicas y en otra dependencia no hay siquiera muebles. De igual manera, de los 157 funcionarios que deberían estar trabajando, 21 lo están haciendo y lo están haciendo con computadores personales.
El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó su carta de renuncia. A través de una misiva indicó que estará en el cargo hasta el próximo 30 de abril.
En los últimos días, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, le había solicitado formalmente a la JEP un informe sobre la ejecución de los recursos que le entregaron los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza para los proyectos establecidos para el posconflicto.
Correa se posesionó en el cargo el 11 de febrero del 2017. Su elección fue adelantada por un comité de las Naciones Unidas. Su llegada a la jurisdicción especial no fue ajena a cuestionamientos y críticas por parte de varios sectores políticos y representantes de las víctimas del conflicto armado.
Néstor Raúl Correa había llamado la atención del Procurador, el Fiscal General y la propia presidencia de la JEP, luego de emitir “medidas cautelares” a los archivos del extinto DAS, con el fin de protegerlos para las investigaciones que adelantará la jurisdicción en temas como las chuzadas. Se conoció que los entes de control ya impugnaron esta determinación.
Correa también había sido cuestionado por el alquiler de varios vehículos sin blindaje para los 38 magistrados de la JEP, los cuales fueron arrendados y no comprados para tal fin. Sobre la denuncia, la Justicia Especial para la Paz respondió a través de un comunicado que la ley prohíbe la compra de los vehículos y que “no existía ni existe aún una disposición legal que incluya a los funcionarios de la JEP, entre aquellos que por razón de su cargo deban contar con esquemas de seguridad predeterminados”. (Vea aquí el comunicado de la JEP).
De acuerdo con el periódico El Tiempo, “hace tres meses, la Contraloría le solicitó a Correa justificar en qué invirtió 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones disponibles. Su respuesta inicial no dejó satisfecha a la entidad: dijo que Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz, es quien debe responder”.
