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Tobón, fue acusado de ser uno de los autores del asesinato del periodista y exdirector del diario El Espectador, Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986.
De acuerdo con este documento conocido por La FM, este hombre fue acusado, capturado y privado de su libertad durante un año al ser confundido con uno de los sicarios de Pablo Escobar y a pesar de demostrar ante las autoridades que no era esa persona, la Policía lo capturó en 1994 cuando se desplazaba en su taxi.
Dentro de las irregularidades que evidenció el Consejo de Estado, es que durante estos hechos se advierte los daños causados a la familia, entre ellos, que la esposa del hombre acusado fue objeto de amenazas y secuestrada por un día, al parecer, por hombres del entonces jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.
Asimismo, se evidenció que el taxi en el que iba cuando lo capturaron fue entregado dos meses después completamente desvalijado.
En la demanda se advierte además que antes de su captura, Jorge Argiro Tobón, fue a distintas autoridades locales y ante los medios de comunicación para que rectificaran que él no era la persona que estaban buscando y pese a que la prensa rectificaron su nombre, no bastó para las autoridades y lo siguieron vinculando a esta investigación.
Después de un año de estar privado de su libertad y ser trasladado de la Cárcel de Bellavista de Medellín, a La Modelo de Bogotá, un juez lo dejó en libertad al considerar que no era alias ‘el negro pabón’, quien según las investigaciones era el responsable del asesinato de Guillermo Cano.
Para el Consejo de Estado, si bien hubo distintas irregularidades la responsabilidad cayó expresamente en los jueces de la república que tomaron la determinación de privarlo de su libertad sin practicar el material probatorio necesario frente a estas acusaciones formuladas por la Fiscalía.
“Si bien uno de los primeros en la investigación suscrito por los funcionarios del DAS, dijo que el sujeto identificado con el alias “el Patas” o “Jorge Pabón”, podría corresponder al nombre de Jorge Argiro Tobón Olarte, era el juez de instrucción criminal el competente para valorar probatoriamente el informe presentado”, señala el fallo.
Hoy después de 20 años además de la indemnización, el Consejo de Estado le ordenó a la Nación-Rama Judicial, a través de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, que pida disculpas públicas mediante un comunicado que debe permanecer en el portal web durante 4 meses.
