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La Corte Constitucional amparó el derecho a la información en la investigación periodística de Juan Pablo Barrientos sobre casos de pederastia en la iglesia católica. Esto quiere decir que "todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas están en la obligación de entregar sus ARCHIVOS SECRETOS" si él "o cualquier periodista decide pedirlos", asegura Barrientos.
Exactamente, el alto tribunal le ordenó la Arquidiócesis de Medellín que le garantice al periodista el acceso a la información sobre 43 sacerdotes señalados de abusar de menores de edad.
Si bien los datos solicitados por Barrientos eran "de naturaleza semiprivada", la Corte Consideró que negar el acceso a estos "implicaba una afectación grave al derecho a la información del periodista", puesto que se trata de "un asunto de relevancia social", toda vez que la información serviría para "corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en la ciudad de Medellín".
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"Negar el acceso a la información solicitada podría impedir que el producto periodístico que se llegare a publicar fuese objetivo y transparente", explica el alto tribunal.
La Corte Constitucional tomó esta decisión después de estudiar dos tutelas interpuestas por Barrientos, en relación a información de la Arquidiócesis de Medellín y la organización Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán.
"El periodista formuló esta solicitud en el marco de una investigación sobre presuntos abusos sexuales de menores en la ciudad Medellín", explica el tribunal.
Así que, al final, la Corte concluyó que si al acceder a información semiprivada se pueden proteger otros derechos fundamentales, entonces "tal acceso estaría constitucionalmente ordenado".
Juan Pablo Barrientos ha estado investigando los casos de abusos sexuales contra menores dentro de la investigación. Es autor del libro 'Dejad que los niños vengan a mí'. A finales de octubre de 2019, un juez de Antioquia le ordenó revelar las fuentes de su libro. En su momento, esa decisión fue rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que explicó que eso iba en contravía de la Constitución. Además, se interpusieron tres tutelas en contra de la difusión del libro.
Finalmente, en noviembre de 2019, se falló a favor del periodista.
