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Tras determinar que existió un plan dirigido para la compra de votos, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Aída Merlano Rebolledo como senadora para el periodo 2018-2022.
El alto tribunal consideró que existían pruebas suficientes para inferir que la entonces candidata tuvo conocimiento claro de estas conductas ilegales, con las cuales se buscaba garantizar varios sufragios en la ciudad de Barranquilla.
En este sentido se determinó que Merlano lideró una "organización" que tenía como único fin "afectar la libertad de los electores", mediante el ofrecimiento y entrega de sumas de dinero a cambio de su voto.
En su sede de campaña -conocida como ' La Casa Blanca'- se puso en marcha un estructurado plan para registrar a los votantes, darles instrucciones y posteriormente entregar el dinero en efectivo.
"La estructuración de una organización para la compra de votos, tiene un impacto grave en la sociedad, colectivo que ve defraudados sus intereses con la presencia de un representante ilegítimo del pueblo, para este caso", precisa uno de los apartes de la decisión.
En este sentido, se considera que tener un congresista que haya adelantado actos de corrupción para resultar elegido "conlleva un traumatismo en la conformación, organización y debida ejecución del Congreso que en últimas afecta el debido funcionamiento del aparato estatal considerado en su conjunto".
Por ello, se considera que con su actuar Merlano violó fragramente la "pureza del voto" contenida en los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política que consagran el derecho a elegir y ser elegido y a que el voto sea libre y secreto, además, de todos los principios democráticos de orden constitucional que rigen la materia electoral.
Por estos mismos hecho de corrupción, Aída Merlano enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. La dirigente política, quién se ha declarado inocente de estos hechos, se encuentra privada en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Ya el Consejo de Estado había anulado su elección por violar los topes financieros en su campaña política.
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