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La juez señaló que no se puede dar beneficio de detención domiciliaria a quien atenta contra el patrimonio público.
En la misma audiencia, y por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, fue enviado a La Picota Hernán Jovel Muñoz, procurador judicial primero administrativo, quien habría recibido dos mil millones de pesos de manos de Álvaro Cruz, para que intercediera ante la Procuraduría para que no se abriera un proceso disciplinario en contra del exgobernador.
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Para la juez no es suficiente que Cruz hubiese aceptado cargos en el delito de cohecho por dar u ofrecer a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, por hechos ocurridos en 2009 y 2013 en medio del escándalo del carrusel de la contratación.
Según la funcionaria, Cruz está en la capacidad de obstruir a la justicia.
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En medio de la diligencia, la juez dejó claro que los argumentos de la defensa del exgobernador sobre sus problemas de salud no son suficientes para darle el beneficio de casa por cárcel, ya que se ha demostrado durante el proceso que Cruz puede asistir por sus propios medios a las audiencias programadas.
Por su parte, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía ya está adelantando operaciones contra los bienes de los sindicados.
