Alejandro Lyons de la Espriella se entregó en principios del pasado mes de noviembre .
Alejandro Lyons, exgobernador de Còrdoba.
RCN Radio.
18 Feb 2020 05:02 PM

Alejandro Lyons demandó a la Procuraduría General de la Nación

El exgobernador de Córdoba pretende, con la demanda, reducir las sanciones disciplinarias en su contra.
Jairo
Jairo Alonso
Pérez Delgado
@jperezdelgado

El Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, presentada por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, mediante su apoderado contra la Procuraduría General de la Nación.

Lyons demandó administrativamente al Ministerio Público, al considerar que fueron vulnerados sus derechos en los procesos que originaron sanciones disciplinarias en su contra, luego de los hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración.

Trascendió que la demanda pretende reducir las sanciones disciplinarias que se han conocido en su contra de parte de la Procuraduría General de la Nación.

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Cabe recordar que el pasado 02 de diciembre del año 2019 Alejandro Lyons Muskus, a través de su abogado, presentó la demanda, pero en esa ocasión fue inadmitida por errores y falta de requisitos.

El Tribunal Administrativo decidió los términos establecidos para subsanar el caso y, el pasado 13 de febrero, luego de la corrección, la demanda fue admitida y su auto hecho público.

En el proceso es reconocido Esteban Camilo Marín Maldonado como abogado del exgobernador de Córdoba para este proceso.

A finales del año 2018, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por irregularidades relacionadas con contratación durante su administración.

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Según el Ministerio Público, las irregularidades se presentaron en la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de 85.700 millones de pesos.

Los hechos sucedieron entre 2012 y 2015, período en el que Lyons se desempeñó como gobernador de Córdoba. La  Procuraduría,  en septiembre del mismo año le impuso una sanción de diez años por irregularidades en los pagos a terapias de menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, son alrededor de 10.000 millones de pesos los que se perdieron a través de la firma de los convenios con entidades sin ánimo de lucro que debían invertir en ciencia y tecnología.