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La Procuraduría formuló pliego de cargos para iniciar un juicio disciplinario contra el exgobernador de Meta Alan Jara y la exsecretaria de Educación del departamento, Ligia del Carmen Saldaña Plazas, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según las investigaciones del Ministerio Público, habría un supuesto sobrecosto en los precios de los alimentos con la entidad contratada, pues se contrató en el 2015 con un costo unitario por ración industrializada de $2.071, mientras que en el mismo año, el Ministerio de Educación pagó $971 la ración industrializada, en otro contrato.
El convenio del cual habla la Procuraduría es el número 1101 del 8 de julio de 2015, cuyo objeto era el “suministro de complemento alimentario, dentro de la implementación del Programa de Alimentación Escolar para 66.008 niños, niñas y adolescentes escolarizados del departamento del Meta”.
Dicho contrato tuvo un costo de $13.123 millones, “el exgobernador, al parecer, omitió sus deberes de vigilancia y control de las actividades delegadas a la secretaria de Educación”.
Señala el Ministerio Público que “como máxima autoridad de Meta estaba llamado a velar por los intereses de la entidad que dirigía y tenía la obligación de realizar seguimiento a la actividad contractual”.
En el caso de la exsecretaria de Educación, el Ministerio Público encontró que, además de celebrar el contrato de suministro, fue la persona que suscribió los estudios previos en los cuales se presupuestó un costo unitario por ración industrializada “muy superior al previsto” por la cartera de Educación, lo que habría generado un mayor gasto para el departamento.
