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Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía acusó formalmente al gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña, por presuntos sobrecostos en un contrato para la compra de ambulancias para atender la emergencia por el coronavirus en el departamento.
El contrato que se celebró en abril de 2020 tenía como objetivo comprar diez ambulancias medicalizadas por más 3.460 millones de pesos, según la investigación de la Fiscalía.
La irregularidad se detectó porque, al parecer, el contrato se direccionó hacía un solo proponente, es decir, se escogió a dedo a la compañía que iba a recibir los millones por entregar las ambulancias.
La Fiscalía descubrió sobrecostos en el contrato celebrado con la firma Carrocería Innovas SAS por más de mil 64 millones de pesos que se reflejaría en el valor de las ambulancias.
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El ente investigador advirtió que en medio de las investigaciones también se comprobó que esa firma “no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo”.
Además, “los documentos contractuales previos para sustentar la compra habrían sido elaborados en mayo 22 de 2020, es decir, serían posteriores al trámite del contrato”
Para la Fiscalía, la Gobernación aprovechó la emergencia por la pandemia para celebrar el contrato.
“Se demostró que el decreto de calamidad pública, que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (Decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020)”, advirtió la Fiscalía en un comunicado.
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El mandatario departamental tendrá que responder en juicio por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y falsedad en documento público.
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