Aborto volverá a ser discutido este año en la Corte Constitucional

Este año la Corte Constitucional retomará el debate sobre el aborto en el país. Los magistrados deben estudiar dos demandas que piden prohibir definitivamente la posibilidad de practicarlo, a pesar de que actualmente existen tres condiciones que lo despenalizaron desde el 2006, cuando la mujer haya sido víctima de abuso sexual, cuando el feto tenga alguna malformación y peligro para la vida de la madre.

Las demandas plantean que la vida inicia desde la concepción del feto. Sin embargo, ya se habla de que la ponencia en manos del magistrado Alejandro Linares contempla la posibilidad de despenalizar abiertamente el aborto durante las primeras 16 semanas de gestación de la mujer.

La tesis del magistrado se basaría en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, que hoy en día son vulnerados por el sistema de salud que aún impone varias trabas para practicar el aborto, aunque se presente una de las causales despenalizadas.

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En contra de esa iniciativa estarían los magistrados más conservadores Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo, mientras que los otros seis magistrados estarían un poco más abiertos a la posibilidad que plantea Linares.

Además se tendría en cuenta una decisión del año 2018 que ordenó al Congreso regular el tema y que ordenó al Ministerio de Salud expedir una resolución única. Precisamente el Ministerio de Salud ya dio a conocer el borrador de la resolución que lo hace en los casos despenalizados por ese alto tribunal.

Cabe mencionar que el año pasado la Corte negó una solicitud del Centro Democrático que pedía tumbar el fallo en donde se emitió la orden de regulación. El grupo de políticos señalaba que ese tribunal se había extralimitado en sus funciones al emitir la orden, teniendo en cuenta que el Congreso de la República es el llamado a legislar.

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Ante esa petición, la Corte respondió que si bien no es la encargada de legislar, si está en su jurisdicción revisar e intervenir en las situaciones en las que exista un déficit de protección de derechos y en este tipo de casos se debe proteger el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de sus embarazos, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones legales.