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La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que no cederá a ninguna "amenaza" o "extorsión", tras ser sancionada este lunes por la Unión Europea (UE) a raíz de los comicios en que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro.
"Ninguna amenaza, extorsión, medida arbitraria ni chantaje desviarán mi compromiso con la historia de libertad, dignidad y soberanía que nos legó Simón Bolívar", escribió Rodríguez en Twitter, al rechazar la decisión sobre ella y otros diez funcionarios.
"Jamás el mundo viejo imperial ni poder alguno doblegarán mi determinación", añadió la dirigente -una de las más cercanas a Maduro- hablando a título personal.
Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo sancionaron a Rodríguez por "usurpación de las competencias" del Parlamento cuando presidía la oficialista Asamblea Constituyente, que rige a Venezuela con poderes absolutos, además de utilizar al órgano "para atacar a la oposición".
La Constituyente -que en la práctica ha sustituido al Legislativo de mayoría opositora- adelantó las elecciones en que Maduro fue reelegido el pasado 20 de mayo para un segundo período hasta 2025.
Rodríguez, excanciller también sancionada por Estados Unidos y Canadá, consideró "ilícitas" las sanciones que le prohíben viajar a la UE y ordenan congelar los activos que pueda tener en los países del bloque.
"Aprovecho la oportunidad para autorizar a la Alta Representante (de la UE), Federica Mogherini, para disponer de supuestos bienes a mi nombre, que no existen, y los destine a la atención de la crisis migratoria que han generado con sus políticas belicistas, racistas y xenófobas!", ironizó la vicepresidenta, que asumió este cargo el 14 de junio.
La decisión de este lunes elevó a 18 los sancionados por la UE por menoscabar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país petrolero sumido en una debacle económica.
Más temprano, el gobierno venezolano rechazó la medida como una "agresión continuada e injerencista" y una "intromisión" en sus asuntos internos, según un comunicado.
En noviembre, la UE aprobó un primer paquete de sanciones basadas en un embargo de armas y material susceptible de usarse para la "represión interna" a propósito de las manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos en cuatro meses en 2017.
