La FM en Google News
El segundo del chavismo Diosdado Cabello, ha desvelado un presunto plan que derivaría en el secuestro de la excongresista colombiana Aida Merlano, quien está detenida en la sede de la Policía Política al oeste de Caracas, desde principios de 2020.
Cabello señala directamente a Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes de ser el hombre que llevaría a cabo esta operación, que según asegura fue planificada en Colombia.
Le puede interesar: Santrich murió en medio de riñas con otros mafiosos por coca: Duque
Sin explicar cómo, el dirigente oficialista señala que la orden era sacar por la fuerza o secuestrar a Merlano y luego trasladarla a territorio colombiano.
Apunta Cabello que le habrían pagado a Tarazona más de 30 mil dólares para este propósito y señala que esto quedó evidenciado en conversaciones halladas en teléfonos móviles de Tarazona, incautados al momento de su detención el pasado viernes 2 de julio en el estado Falcón, al occidente de Venezuela.
“A Tarazona se le agarraron tres teléfonos (...) ahí está apareciendo que iban a secuestrar a una senadora colombiana, Merlano. La venían a secuestrar y le pagaron 36 mil dólares por ese trabajo”, acotó Cabello.
Además, asegura que es apenas parte de lo encontrado en los móviles, ya que resalta que hay información digital en cantidad.
“Uno de los teléfonos, pasó cinco días descargando material”, destacó.
A inicios de la semana, el presidente del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez, había calificado de “delincuente” y “rata” a Tarazona por su presunta vinculación con delitos, entre ellos el posible secuestro de una mujer, que en su momento no se ofreció el nombre.
Javier Tarazona enfrenta a la justicia venezolana señalado de incurrir en tres delitos, traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, luego de denunciar presuntos nexos del gobierno venezolano con altos mandos tanto del ELN como de las disidencias de las Farc, al punto de denunciar que la mayoría estaban escondidos en territorio venezolano.
Además se le acusa de mantener constantes conversaciones y recibir órdenes de quienes el Gobierno venezolano señala de ser funcionarios de Colombia.
