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La situación en Venezuela, agravada por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, despertaron numerosas reacciones internacionales, mientras el gobierno venezolano aún no revela las actas electorales de manera completa.
Una de las voces más críticas es la de la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha seguido de cerca la situación de los Derechos Humanos en ese país.
En entrevista con Radio Red de RCN Radio, Juanita Gobertus, directora para las Américas de HRW, resaltó la gravedad de los hechos recientes.
“Nosotros publicamos dos informes recientes sobre este tema, el último fue el que suscitó la reunión en casa de Nariño, lo publicamos el miércoles pasado y da cuenta de la situación en el Darién. A la fecha, ha habido un incremento de salida de venezolanos que van con rumbo hacia Brasil, en el último mes hay aproximadamente un 28% de incremento”, mencionó.
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El informe más reciente de HRW documenta la brutal represión que siguió a las elecciones del 28 de julio, con 24 asesinatos: 23 manifestantes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana.
“Es una represión brutal lo que se está viendo en Venezuela, incluso superior a la que habíamos visto en 2014 y 2017, en donde el número de detenidos por día en promedio es superior en este caso (...) en este caso, insisto, estamos viendo personas que están muriendo con disparos, en donde, insisto, tenemos la evidencia de la connivencia entre colectivos y fuerzas armadas en Venezuela”, agregó.
Juanita Gobertus destacó que tanto las fuerzas armadas venezolanas como los llamados colectivos armados, están implicados en estas acciones violentas. Además, señaló que es fundamental que Colombia, bajo la administración de Gustavo Petro, mantenga una postura firme en defensa de los derechos humanos y del estado de derecho.
En el caso de Colombia, aunque no se ha visto un aumento similar, sí se han encontrado con numerosos casos de venezolanos, que por haber participado en protestas o tener familiares detenidos, buscan asilo.
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Gobertus también indicó que le preocupa la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de confiar en las instituciones venezolanas para resolver la crisis, señalando que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está controlado por el gobierno.
Asimismo, la ONG expresó preocupación por la posibilidad de una amnistía total en Venezuela, subrayando que no se puede ignorar la evidencia de crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Maduro.
