La FM en Google News
La Unión Europea (UE) acelerará el proceso de autorización de las vacunas adaptadas a las nuevas variantes del virus, dijo este domingo la Comisaria Europea de Salud, tras las críticas al bloque por demorarse en la gestión de la vacunación.
"Hemos analizado con la Agencia Europea de Medicamentos el procedimiento", declaró Stella Kyriakides al periódico alemán Augsburger Allgemeine.
Lea además: Papa Francisco destaca "valentía de Colombia" con Estatuto que "acoge a migrantes venezolanos"
"Y hemos decidido que a partir de ahora una vacuna mejorada por un fabricante para combatir las nuevas variantes sobre la base de una vacuna ya existente" y certificada "no necesitará pasar todas las etapas de autorización", afirmó.
"Esto hará que sea más rápido tener a disposición las vacunas adaptadas, sin tener que reducir los criterios de seguridad", añadió la comisaria.
La Comisión Europea ha sido muy criticada por su lentitud en el inicio de las campañas de vacunación en los países de la UE, a raíz de los procesos de certificación y de los pedidos de las dosis.
Kyriakides se defendió de las críticas, aunque reconoció no estar "satisfecha" con la situación actual.
"Es falso pretender que hemos cometido errores", dijo, recordando que la UE había conseguido reservar 700 millones de dosis para una entrega de aquí a finales del tercer trimestre de 2021.
Lea también: Venezuela ya recibió el primer lote de 100.000 vacunas anticovid
Mientras tanto en el Reino Unido un grupo de 63 diputados conservadores pidió al primer ministro británico, Boris Johnson, que elimine todas las restricciones impuestas por la pandemia para mayo, cuando se prevé haber vacunado a los ciudadanos más vulnerables.
En una carta al jefe del Gobierno, estos parlamentarios escépticos con el confinamiento exigen que se empiecen a suavizar las medidas el 8 de marzo, cuando el Ejecutivo aspira a reabrir los colegios, a fin de que en Pascua regresen los "pubs" y a finales de abril se hayan reactivado todos los sectores productivos.
En su texto, argumentan que, a partir del 8 de marzo, el Gobierno deberá "demostrar" al Parlamento que las medidas que permanezcan son proporcionadas e imprescindibles, precisando en un plan cómo afectan a la sociedad y la economía y cuándo serían anuladas, con el objetivo de eliminarlas por completo en mayo.
