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En un movimiento que marca una escalada sin precedentes en su confrontación con una de las instituciones académicas más influyentes del país, la administración de Donald Trump revocó este jueves la certificación de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, una decisión que podría tener efectos devastadores tanto financieros como reputacionales para la universidad.
La medida fue comunicada formalmente a través de una carta firmada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en la que se notifica que, con efecto inmediato, Harvard queda excluida del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), requisito indispensable para que una institución estadounidense reciba y mantenga estudiantes extranjeros. “Le escribo para informarle que, con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad de Harvard”, se lee en el documento obtenido por el periódico The New York Times.
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El impacto es inmediato y contundente: Harvard ya no puede admitir estudiantes extranjeros, y los alumnos internacionales que actualmente cursan estudios en la institución deberán transferirse a otra universidad o perderán su estatus migratorio, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa. La decisión afecta directamente a alrededor de 6.800 estudiantes internacionales, que representan aproximadamente el 27% del total del alumnado. En 2010, esa proporción era del 19,7%.
La universidad, que ya había demandado a la administración el mes pasado por intentos de intervenir en su currículo, sus políticas de admisión y sus criterios de contratación, podría responder ahora con una segunda demanda, según indicó una fuente cercana a las deliberaciones internas de Harvard.
El trasfondo de esta medida es una intensa disputa entre Harvard y el gobierno federal, relacionada con una investigación del Departamento de Seguridad Nacional sobre supuestas irregularidades en la gestión de datos de estudiantes extranjeros. Tres fuentes con conocimiento de las negociaciones, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que en los últimos días hubo un fuerte tira y afloja respecto a la legalidad de una solicitud de registros solicitada por el gobierno.
Aunque ni la universidad ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, la publicación de la carta por parte de Noem en redes sociales dejó clara la intención política del gobierno de Trump: ejercer presión sobre Harvard para que se alinee con su agenda.
“Esto significa que Harvard ya no puede inscribir a estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse o perderán su estatus legal”, indicó el comunicado oficial, en un tono que ha sido interpretado como una advertencia directa a otras instituciones educativas.
Más allá del impacto institucional, la decisión amenaza con tener consecuencias económicas importantes. La matrícula anual en Harvard asciende a 59.320 dólares, cifra que puede elevarse hasta los 87.000 dólares con alojamiento y otros gastos. Los estudiantes internacionales, en general, suelen cubrir una proporción más alta de estos costos sin ayuda financiera, lo que convierte su presencia en una fuente relevante de ingresos para la universidad.
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La medida ha generado alarma en el mundo académico y entre defensores de los derechos de los estudiantes internacionales, que ven en esta acción un intento de instrumentalizar la política migratoria para castigar a una institución crítica con el gobierno. Harvard, una de las universidades más antiguas, prestigiosas y con mayor dotación económica del mundo, ha sido un blanco frecuente de críticas del expresidente Trump por su supuesta “ideologización progresista”.
