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El máximo tribunal de Venezuela, de línea oficialista, suspendió este martes la directiva del partido político de Juan Guaidó, Voluntad Popular, y entregó su control a un rival; una decisión calificada de "írrita" por la oficina del líder opositor.
Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual Dirección Nacional de la organización con fines políticos Voluntad Popular", indica un comunicado de la corte.
El tribunal nombró a su vez una "junta directiva ad hoc" para ese partido encabezada por el diputado José Gregorio Noriega, adversario de Guaidó.
Ya el TSJ, el 15 y el 16 de junio, tomó medidas similares contra otros dos de los principales partidos opositores, Acción Democrática (socialdemócrata) y Primero Justicia (centro).
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Ello en camino a las elecciones convocadas para el próximo 6 de diciembre para renovar el Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, que serán boicoteadas por los principales partidos que adversan al gobierno socialista de Nicolás Maduro.
Calificando al TSJ de "brazo judicial de la dictadura de Maduro", la oficina de Guaidó rechazó en Twitter "una írrita decisión" y acusó al chavismo de pretender "apoderarse de la tarjeta, logos y símbolos de Voluntad Popular" a fin de "simular una falsa oposición para su próxima trampa electoral".
La directiva ad hoc, según el fallo judicial, "podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Voluntad Popular", partido fundado por el dirigente opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó.
José Gregorio Noriega es aliado de Luis Parra, un legislador que rompió con Guaidó después de haber sido acusado de corrupción vinculada con un programa de alimentación del gobierno de Maduro y se proclamó presidente del congreso en enero pasado, con apoyo del chavismo, en paralelo a la reelección del líder opositor.
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Once partidos políticos opositores, incluyendo Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia, han anunciado un boicot contra las votaciones legislativas al calificarlas de "farsa". Esto, en reacción a la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del TSJ, que declaró una "omisión" del Parlamento en su atribución de elegir autoridades comiciales.
