Secretario general de la ONU se pronuncia sobre protestas en Colombia

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó este martes, a través de su portavoz, la importancia de que el Gobierno de Colombia permita las protestas pacíficas, después de que la organización denunciara un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

“Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, preguntado al respecto en su conferencia de prensa diaria.

Dujarric aseguró que la Secretaría General de la ONU está siguiendo de cerca la situación en Colombia, donde una ola de protestas ha dejado al menos 20 muertos y 800 heridos.

Este martes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció desde Ginebra que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" contra los manifestantes.

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Responsables de la misión de esa agencia de Naciones Unidas en Cali, una de las ciudades donde se han producido más incidentes violentos, "han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía", destacó en rueda de prensa la portavoz de la oficina, Marta Hurtado.

Las fuerzas de seguridad "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos", añadió la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

La oficina se mostró "profundamente alarmada" por los acontecimientos ocurridos la pasada noche en la ciudad de Cali, "en los que la Policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban por las reformas fiscales, causando varios muertos y heridos".

Las protestas, surgidas en medio de una pandemia con graves consecuencias económicas para una buena parte de las familias colombianas, tuvieron como detonante una propuesta de reforma tributaria que ya fue retirada por el Gobierno y derivó en la renuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

La reforma fiscal contemplaba la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos, lo que perjudicaba especialmente a las clases media y baja del país.