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La Cumbre del Clima (COP25) que debe sentar las bases para una nueva fase de acción climática, para cuya organización se ofreció el Gobierno España tras la renuncia de Chile a causa de la grave crisis interna que vive el país, arranca este lunes en Madrid.
En apenas un mes se ha activado la gigantesca logística que requiere una cita como esta, donde se suceden las reuniones técnicas y científicas, las sesiones plenarias en las que participan delegaciones oficiales de casi 200 países y las visitas de numerosos jefes de Estado y de Gobierno y responsables de organismos internacionales, además de gran número de activistas y líderes sociales.
En la ceremonia de apertura de la 25 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático participan, entre otros, el secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o la ministra chilena de Medio Ambiente y presidenta de la cumbre, Carolina Schmidt.
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Prevista inicialmente como una cumbre "de transición", la conferencia ha cobrado una especial relevancia; para España por ser sede de la Conferencia en sustitución de Chile -que conserva la Presidencia-, y para la comunidad internacional por coincidir con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de iniciar el proceso para salir del Acuerdo de París.
Chile -que preside- y España -como anfitrión- esperan que esta conferencia abra "un nuevo ciclo" en la acción climática mundial, una fase en la que se impliquen no solo los negociadores de las delegaciones que representan a los gobiernos centrales, sino también los ayuntamientos, las regiones y los agentes económicos y sociales.
La cumbre, que se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre, concluirá sólo dos semanas antes de que entre en vigor el Acuerdo de París y de que comience un año decisivo en el escenario internacional, en el que los países deben presentar compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones de dióxido de carbono.
Los informes que se han publicado durante los días previos a la cumbre alertan de que los niveles de concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero han alcanzado máximos históricos, y que sería necesario multiplicar -hasta por cinco- los esfuerzos para reducir esas emisiones y evitar los impactos más catastróficos del cambio climático.
Tras la aprobación del Acuerdo de París (2015) y del Libro de Reglas que lo desarrolla (el pasado año en Polonia) la cita de Madrid no tiene que aprobar ningún documento determinante para la negociación internacional, pero sí sentar las bases para que el próximo año todos los países cumplan con lo que se comprometieron en París y aumenten su ambición para responder a las indicaciones de la ciencia.
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Las cifras acreditan la importancia de la Conferencia: 113.000 metros cuadrados de superficie ocupada en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA); 25.000 asistentes; 4.000 personas en la plantilla técnica de la organización; 300 personas contratadas por IFEMA para apoyar de forma directa a la organización; 50 ingenieros en el Centro de Coordinación de red; 2.000 voluntarios diarios; o 1.500 periodistas acreditados.
El coste de la conferencia asciende a unos 50 millones de euros (la de París en 2015 costó 178 millones), y para hacer frente a ellos el Gobierno aprobó varios reales decretos para habilitar los créditos necesarios para la organización.
Durante las próximas dos semanas pasarán por la cumbre del clima numerosos jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos quince primeros ministros europeos, los presidentes de Argentina y Ecuador, Mauricio Macri y Lenin Moreno, el primer ministro de Marruecos, Nasser Bourita, y los máximos responsables de numerosas instituciones y organismos internacionales.
Estados Unidos contará con una importante delegación oficial que defenderá las tesis del Gobierno federal (abandonar el Acuerdo de París no implica estar fuera de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático), pero a la cumbre acude además una importante delegación de congresistas y senadores, encabezada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nanci Pelosi.
