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El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que activará en mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando así con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios.
"Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio", advirtió el secretario de estado Mike Pompeo a la prensa, en un encuentro en el que fijó el 2 de mayo como la fecha de entrada en vigor del artículo.
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Tras la declaración, Cuba volvió a manifestar su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, repudió "enérgicamente" el anuncio del funcionario estadounidense en Twitter: "Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará", escribió.
La subsecretaria del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones. Y aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burton, de 1996.
Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá, manifestaron su disgusto en una declaración conjunta, y prometieron "proteger los intereses" de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En concreto, la sección de la norma estadounidense permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.
Límites a viajes y remesas a Cuba
Estados Unidos empezó de inmediato las nuevas sanciones contra Cuba, por eso, se pondrán límites a los viajes y remesas a la isla, tal como lo dijo el asesor de seguridad nacional, John Bolton, al revertir la política de apertura del gobierno anterior y apretar las tuercas a lo que llama "la troika de la tiranía".
"El Departamento del Tesoro implementará cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares a Cuba", dijo Bolton en un almuerzo en Miami con la comunidad cubana. "También anunciaremos nuevos límites a las remesas a Cuba".
"Estas nuevas medidas ayudarán a quitarle los dólares americanos al régimen cubano", dijo Bolton.
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Tres posibles efectos
Miles de procesos en Estados Unidos, inversores desistiendo de Cuba y un contraataque ante la Organización Mundial de Comercio (OMC): estos son tres posibles efectos de la aplicación plena de la Ley Helms-Burton.
Lluvia de procesos: "Es muy probable que haya una avalancha de reclamaciones en el sur de Florida, muchas de ellas poco serias, de cubano-americanos contra compañías extranjeras, pero también contra entidades cubanas", estima Chris Bennett, director de la consultora The Caribbean Council.
"La mayoría de estas demandas tendrán pocas posibilidades de éxito", agrega Bennett, pero recuerda que dos millones de cubano-americanos viven en Estados Unidos, por lo que "es probable que el volumen de reclamaciones congestione sustancialmente las cortes de Florida".
¿Cuáles podrían ser los blancos? "Por ejemplo, la compañía minera canadiense Sherritt y los operadores de hoteles de España", explica el abogado Pedro Freyre, del estudio Akerman de Miami.
Sherritt International participa en una empresa mixta que es propietaria de la planta de níquel Pedro Soto Alba, antigua propiedad de la Moa Bay Mining Company, que le reclama 88 millones de dólares. En tanto, la cadena hotelera española Meliá administra el emblemático hotel Habana Libre, antes Hilton.
Una Comisión para el Arreglo de Reclamaciones en el extranjero (FCSC), entidad gubernamental estadounidense, certificó casi 6.000 demandas por un monto de 1.900 millones de dólares.
Fuga de inversores: Es el principal efecto que busca la administración Trump: desalentar la inversión extranjera en Cuba. "Es para que un empresario diga: bueno, en vez de invertir en Cuba, voy a invertir en República Dominicana", señaló el martes el embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Alberto Navarro.
Según Freyre, con la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, "habrá un efecto inicial de enfriamiento en las inversiones potenciales en Cuba, seguido de una evaluación más reflexiva de la verdadera magnitud del riesgo".
Pero Cuba enfrenta el mayor peligro. La isla tiene a la inversión extranjera como prioridad para desarrollar su economía, en crisis y socavada por la escasez. En 2017, el país apenas captó 2.000 millones de dólares en inversiones, lejos de los 5.000 millones que necesita para impulsar su crecimiento.
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Réplica ante la OMC: Como explicó el embajador Navarro, "la UE ha creado una legislación antídoto, como lo ha hecho Canadá, Japón, México, por el cual nuestros ciudadanos y empresarios tienen la protección de la Unión Europea, en caso de que haya demandas (...) de Estados Unidos".
"Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y tienen la posibilidad de hacer reclamaciones contra las empresas que han pedido indemnizaciones por propiedades confiscadas en Cuba", añadió.
Pero la UE, primer inversor extranjero en la isla y, desde 2017, su principal socio comercial, podría ir aún más lejos.
"La Unión Europea estará obligada a utilizar todos los medios a su alcance (...) para proteger sus intereses", advirtieron la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo.
"La UE está considerando presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto con otros socios, porque la legislación estadounidense es contraria al derecho internacional", añadieron.
