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El Gobierno de Ecuador anunció este martes la presentación de un proyecto de Ley de Seguridad que, entre otros aspectos, faculta el uso progresivo de la fuerza a los agentes policiales y propone mecanismos legales para protegerlos.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, indicó que este mismo martes se presentará el proyecto legal a la Asamblea Nacional para su discusión y debate.
Vela remarcó que el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública incluye un eje sobre el uso progresivo de la fuerza, un tema que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos que temen que la norma pueda amparar abusos de la policía.
Asimismo, dijo que la normativa incluye otro eje sobre la cooperación entre la Policía y las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad ciudadana y mecanismos de defensa legal para proteger a los agentes "cuando realizan una intervención para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
Además, el proyecto, de iniciativa del Ejecutivo, propone un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, con el objetivo de "solucionar vacíos y contradicciones" que "impiden" realizar el trabajo respectivo a las fuerzas del orden, según explicó Vela.
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También supone un conjunto de normas para "garantizar una mejor administración" de los centros carcelarios del país, presionados por una crisis de hacinamiento y falta de recursos, agravada por frecuentes reyertas entre bandas de reos que han intentado tomar el control de las prisiones.
Para Roberto Andrade, asesor jurídico de la Presidencia de Ecuador, el objetivo de la norma es fortalecer al Ministerio de Gobierno en la tarea de brindar patrocinio legal a los agentes que se vean involucrados en procesos judiciales por el ejercicio de su cargo.
Andrade explicó que, al tenor del proyecto legal, el Ministerio de Gobierno sería la entidad que provea de los recursos, "ya sea para asignarle un abogado" o "para que el servidor policial pueda elegir un abogado de su confianza".
"Que los servidores policiales sepan que, si actúan bien, siguiendo los criterios legales y constitucionales, tendrán todo el respaldo del Estado ecuatoriano para salir bien librados", recalcó Andrade.
En ello coincidió el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien insistió este mismo martes en el apoyo de su Gobierno a las fuerzas del orden, durante una reunión mantenida con el policía Santiago Olmedo, sentenciado la semana anterior a más de 3 años de prisión por abatir a dos presuntos delincuentes y acusado de extralimitarse en el uso de la fuerza.
El mandatario ofreció a Olmedo asesoría legal para la siguiente etapa de apelación a su sentencia ante un tribunal de justicia.
"Somos respetuosos de la institucionalidad de la justicia, pero no por ello vamos a dejar de expresar nuestro respaldo" a los policías, remarcó el jefe del Estado.
En mayo de 2021, la Corte Constitucional, el máximo organismo legal de Ecuador, declaró la inconstitucionalidad de un reglamento que el Ejecutivo había emitido sobre el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza.
Ese alto tribunal argumentó su decisión en las consecuencias que podría generar el reglamento en el ejercicio de los derechos a la vida e integridad de las personas.
