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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó el estado de excepción por la grave conmoción interna, decretado en seis provincias de las 24 del país en el marco de las protestas lideradas por los indígenas por la carestía de la vida.
Con la suscripción del decreto 461 dio por terminada la medida que incluía a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se habían concentrado las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
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El estado de excepción había sido decretado por Lasso desde el pasado sábado 18 de junio inicialmente para tres provincias (Imbabura, Pichincha y Cotopaxi) que luego amplió el martes 21 de junio a otras tres (Tungurahua, Chimborazo y Pastaza).
Con esa decisión, el Gobierno "ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades", señaló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
La derogación del decreto por el que se declaró el estado de excepción era una de las peticiones de la Conaie para abrirse al diálogo.
El anuncio de la terminación del estado de excepción se dio horas después de un primer acercamiento entre el líder de la Conaie, Leonidas Iza, y representantes del Ejecutivo, en un encuentro convocado por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.
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Asimismo, la decisión se conoció mientras el pleno de la Asamblea Nacional desarrollaba una sesión virtual para tratar, como único punto, un pedido de destitución del presidente Lasso, quien el viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra.
La petición de la destitución del gobernante la realizaron asambleístas afines al expresidente Rafael Correa bajo la causal de grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.
La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.
Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.
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El movimiento indígena exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
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