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Dos bomberos fueron acusados de "instigación al odio" en Venezuela tras la difusión de un video en el que comparan al presidente Nicolás Maduro con un burro, lo que podría acarrearles hasta 20 años de cárcel, denunció una ONG de derechos humanos.
Un tribunal dictó "medida privativa de libertad" contra Ricardo Prieto y Carlos Varón, detenidos el pasado miércoles en la ciudad de Mérida (oeste), por "instigación al odio agravado", dijo este lunes Fernando Cermeño, representante de la ONG Foro Penal en la región.
La detención de Prieto, de 41 años, y Varón, de 45, se produjo luego de que en redes sociales circulara un video en el que llaman "presidente Maduro" a un burro arreado con una correa en una estación de bomberos de Mérida.
La persona que filma, supuestamente Prieto, bromea afirmando que Maduro está realizando una inspección del lugar.
Según Foro Penal, la acusación se basa en la Ley contra el Odio, aprobada a finales de 2017 por la oficialista Asamblea Constituyente y denunciada por la oposición como un instrumento para "criminalizar la disidencia".
La norma prevé penas de hasta 20 años de cárcel, la ilegalización de partidos políticos y el cierre de medios de comunicación.
Un hombre y una mujer que protestaban por la falta de comida fueron los primeros detenidos en aplicación de esa ley, en enero, según Foro Penal. Fueron arrestados en una pequeña manifestación que cerró una avenida en Valencia (norte).
Las autoridades gubernamentales no han hecho declaraciones sobre el caso de los bomberos, presentados en tribunales el fin de semana.
"La pena de cárcel como castigo a la libertad de expresión es desproporcionada e innecesaria, contraria a tratados internacionales de derechos humanos", señaló sobre el caso la ONG Espacio Público.
El propio Maduro, quien afronta un enorme rechazo popular por la crisis económica, bromea en sus actos públicos afirmando que sus adversarios lo llaman "Maburro" por sus gazapos.
Según Foro Penal, en Venezuela hay cerca de 240 "presos políticos".
Otra burla sobre el presidente le salió cara a una familia en agosto, al ser desalojada de una vivienda que le había asignado el gobierno por supuestamente bromear en un chat de WhatsApp de vecinos sobre la explosión de dos drones cargados de explosivos durante un acto de Maduro.
El mandatario denunció ese hecho como un "magnicidio en grado de tentativa".
