Roberto Marrero y Juan Guaidó.
AFP.
22 Mar 2019 05:04 PM

Piden a CIDH revisar caso de Roberto Marrero

Un equipo de abogados ya había conseguido que la Comisión dictara medida cautelares en favor de Guaidó en enero.
Carolay Morales
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Cuatro abogados solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares de protección para Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, ante el temor de que esté en peligro su integridad.

Quieren que la CIDH pida al gobierno de Nicolás Maduro, la "liberación inmediata" de Marrero, arrestado en su vivienda durante la madrugada del jueves y acusado de liderar una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos en Venezuela.

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Uno de los abogados que presentó la solicitud, Ignacio Álvarez, explicó que también ha pedido a la CIDH protección para el diputado Sergio Vergara, vecino de Marrero y cuya vivienda fue registrada la misma madrugada en la que fue arrestado el jefe de despacho de Guaidó.

"Pedimos a la comisión que se pronuncie con la mayor brevedad posible, porque estamos muy preocupados por la vida, por la integridad y libertad personal de Marrero y también estamos muy preocupados por el diputado", manifestó Álvarez frente a la CIDH, con sede en Washington.

El equipo de Álvarez ya consiguió que en enero la Comisión dictara medida cautelares en favor de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países; por lo que, técnicamente, lo que ahora piden es una ampliación de esas medidas para que incluyan a Marrero y Vergara.

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El ministro venezolano de Interior, Néstor Reverol, acusó a Marrero de ser "responsable directo de la organización" de "grupos criminales" y aseguró que se le incauto de "un lote de armas de guerra" durante su arresto, aunque la oposición denuncia que ese armamento fue "sembrado".

Junto a Marrero también fue detenido su escolta, Luis Alberto Páez, detalló Reverol.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), puede pedir a los 35 Estados que se encuentran bajo su competencia la adopción de medidas cautelares para proteger a sus solicitantes ante situaciones de "gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable", según figura en su reglamento.