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El Gobierno de China sigue sorprendiendo con algunas de sus medidas que muchos consideran inconcebibles y casi sacadas de la ciencia ficción o un capítulo de Black Mirror.
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A finales de 2017 el Gobierno de ese país anunció la implantación de un "sistema de crédito social" que le daría un puntaje a sus ciudadanos en función de sus actitudes cívicas, respeto al orden establecido y viabilidad financiera.
El proyecto llegó a buen puerto a mediados de 2018 y desde ese entonces los ciudadanos chinos se rigen con un complejo modelo de puntuación social.
Es un modelo similar al que siguen las instituciones financieras occidentales para evaluar si una persona puede o no puede acceder a un crédito. El gobierno lo ha llevado más allá, empleando el mismo modelo de puntuación a cuestiones como el pago de impuestos, las sanciones administrativas o el cumplimiento de obligaciones contractuales.
Desde ese momento, se estima que hay 17 millones de chinos incluidos en la "lista negra" del gobierno (alrededor del 1,3% de la población). Todos ellos son juzgados poco "confiables" por las autoridades y quedan fuera de los créditos bancarios y son privados de su capacidad para viajar en tren o en avión.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención recientemente, es que el Gobierno de ese país publica en vallas publicitarias los datos y fotografías de los deudores y personas incluidas en la lista negra.
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