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Un juez procesó con prisión preventiva a la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque de momento no será detenida por ser senadora y tener fueros.
Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión por "asociación ilícita" contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.
Entre ellos Angelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri (que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas), Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.
Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados "arrepentidos" -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.
"Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho", dijo el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón.
El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó- está "comulgando con las corporaciones mediáticas" y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir "persiguiendo a la líder de la oposición".
Según informó el juez a finales del pasado mes, en bases a sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los "verdaderos beneficiarios" de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus Gobiernos.
El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Óscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
Este material apunta a la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Fernández, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los Gobiernos de ambos.
Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, "en la mayoría de las oportunidades", en vehículos conducidos por Centeno.
"A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios", que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita": Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.
