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La OCDE considera que la implementación del acuerdo internacional sobre el reparto entre países de los impuestos a grandes multinacionales, en particular las digitales, tendrá que esperar a 2024, un año más tarde de lo inicialmente previsto.
Ese nuevo calendario, divulgado este lunes, figura en el informe presentado por el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, al G20, que se marca como objetivo concluir a mediados de 2023 un nuevo convenio multilateral.
Cormann subrayó en un comunicado que "hemos avanzado mucho" para la puesta en marcha del llamado "Pilar Uno" del compromiso sobre la fiscalidad internacional suscrito en octubre de 2021 por más de 135 países y jurisdicciones.
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Pero reconoció que "estas son negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos conceptos que reforman de manera fundamental los regímenes fiscales internacionales para que sean más justos y funcionen mejor en una economía mundial cada vez más digitalizada y globalizada".
Afirmó que se va a seguir trabajando "lo más rápido" para finalizar ese convenio que debe plasmar en términos técnicos el compromiso político del pasado mes de octubre.
Pero también que se utilizará "todo el tiempo que sea necesario para que las normas sean correctas" porque deberán servir "durante las próximas décadas".
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El "Pilar Uno" pretende evitar que las multinacionales alojen artificialmente sus beneficios en paraísos fiscales o jurisdicciones que les eviten pagar impuestos, y con esa finalidad se ha establecido un mecanismo para que los países en los que tienen actividad puedan gravar ese negocio.
Inicialmente imaginado para las compañías digitales, en realidad concierne a todas aquellas que tienen una facturación mundial superior a 20.000 millones de euros anuales y con una rentabilidad superior al 10 %.
Según las estimaciones de la OCDE, con este procedimiento se van a redistribuir entre países más de 100.000 millones de dólares anuales.
Por lo que respecta al llamado "Pilar Dos" para el establecimiento de un impuesto de sociedades mínimo del 15 %, el trabajo técnico está prácticamente terminado y a finales de este año se publicará un marco de aplicación para facilitar su implementación y para una coordinación entre las administraciones fiscales y los contribuyentes.
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En la Unión Europea, su puesta en aplicación está de momento bloqueada por el veto de Hungría, que está utilizando este asunto no porque esté en desacuerdo con este impuesto de sociedades mínimo, sino porque quiere conseguir contrapartidas en otras negociaciones con el resto de sus socios comunitarios.
Al margen de estos dos pilares, en su informe al G20, Cormann también dio cuenta de los avances hechos en la llamada Agenda de Transparencia sobre el intercambio de datos de cuentas entre administraciones fiscales.
En 2021 se intercambiaron informaciones de al menos 111 millones de cuentas financieras que totalizaban activos por casi 11 billones de euros.
