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La Fiscalía francesa solicitó este jueves un año de prisión, con seis meses de cumplimiento, para el expresidente Nicolas Sarkozy, juzgado esta semana en la investigación por la financiación irregular de su campaña electoral de 2012.
Los dos fiscales que intervinieron en el Tribunal Correccional de París apuntaron en su alegato que el antiguo jefe de Estado tuvo una "total desenvoltura" en la gestión de las finanzas de una campaña que fue "de oro macizo" y que costó casi el doble que el tope fijado por la ley.
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En total, costó unos 43 millones de euros frente al techo de 22,5 millones autorizado a un candidato que superaba la primera vuelta.
Según la acusación, el precio real de sus cerca de 40 actos en 2012 organizados por la empresa Bygmalion, que da nombre al caso, fue reducido drásticamente, y el resto fue abonado por el partido UMP -rebautizado posteriormente como Los Republicanos- en concepto de convenciones ficticias.
Sarkozy, que estuvo ausente en la audiencia, sólo ha acudido al tribunal en una ocasión, este mismo martes, cuando le tocaba declarar.
"Le correspondía al director de campaña organizar la campaña y a mí hacerla. Soy conocido por delegar mucho. No puedo ocuparme de todo", dijo el exmandatario, que mantiene en su defensa que desconocía la trama fraudulenta.
Otras 13 personas están siendo juzgadas por su implicación en el sistema de doble facturación. Para ellos las peticiones de penas han ido de los 18 meses a los cuatro años de cárcel y multas por valor de 50.000 euros.
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Para el exdirector adjunto de la campaña, Jérôme Lavrilleux, el único que ha reconocido el fraude, los fiscales han solicitado tres años de prisión exentos de cumplimiento y 50.000 euros de multa.
Para los tres exdirectivos de la empresa Bygmalion, que han admitido el uso de un sistema de falsas facturas, han pedido 18 meses de prisión exentos de cumplimiento.
Este es uno de los tres procedimientos judiciales a los que se enfrenta el político conservador. En marzo, se convirtió en el primer expresidente francés en ser condenado a prisión tras ser juzgado en un proceso diferente, por corrupción y tráfico de influencias, a un año de prisión firme.
La sentencia quedó en suspenso al ser apelada ante el Tribunal Supremo. Además, está imputado por asociación de malhechores en una investigación sobre la presunta financiación por parte del régimen libio de Muamar Gadafi de su campaña presidencial de 2007, cuando resultó elegido.
