La FM en Google News
La justicia mexicana ordenó la captura de militares presuntamente involucrados en la desaparición, hace seis años, de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), y que ha sido un reclamo permanente de padres de las víctimas.
Las órdenes de captura, las primeras contra elementos castrenses, fueron anunciadas este sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación de un informe especial sobre los avances de la investigación.
Lea aquí: Trump confirma nombramiento de conservadora Amy Coney Barrett en la Corte Suprema
"Se han ordenado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado y se demuestre va a ser juzgado", advirtió López Obrador en la ceremonia, en la que participaron padres de los estudiantes.
López Obrador no detalló las acusaciones formales contra los militares. Familiares y organizaciones civiles los han señalado de inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de facilitar la actuación de los criminales.
No tenemos nada
"¿Cuándo le van a llegar (detener) a los militares?", cuestionó ante el presidente María Martínez Zeferino, madre de Miguel Angel Hernández Martínez y quien habló en nombre de los padres.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior) y presidente de una comisión de la verdad, explicó que el Ejército ha puesto a disposición de las autoridades a todos los elementos de estos batallones "para presentar las declaraciones ministeriales necesarias que contribuyan con la investigación".
En nombre de los padres, Martínez Zeferino también reclamó a López Obrador mayor celeridad en las investigaciones y no descartar que los chicos puedan estar con vida.
"Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí (queremos) pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26 (de septiembre) con algo más, entiéndanos, ya son seis años y no tenemos nada", explicó.
López Obrador aseguró que "hay condiciones para saber el paradero de los muchachos" y admitió que este caso "es una gran injusticia del Estado mexicano".
El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), blanco de fuertes críticas por la forma en que se condujeron las pesquisas, se negó siempre a que los militares fueran interrogados o llamados por la justicia.
Reclamo de justicia
Por la tarde, mas de 5.000 personas se manifestaron en Ciudad de México, la mayoría con tapabocas, pero sin mantener el distanciamiento social considerado necesario para evitar el contagio de covid-19.
Con la consigna de "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!" y "¡justicia!", la columna, encabezada por padres de los estudiantes, avanzó por el céntrico Paseo de la Reforma hasta el Zócalo (plaza central) para realizar un mitin.
Un grupo de personas encapuchadas, entre ellas mujeres, trataron de sumarse a la retaguardia de la marcha lanzando cohetes, pero un centenar de policías las rodeó. Un uniformado requirió atención médica, observó la AFP.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, adonde habían ido para apoderarse de autobuses de pasajeros que usarían para viajar a la capital a una manifestación.
Pero fueron baleados por pistoleros y policías coludidos con el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos, que hasta ahora habían sido señalados como los principales responsables de la desaparición.
La Fiscalía en el anterior gobierno defendió lo que denominó la "verdad histórica" según la cual integrantes de Guerreros Unidos asesinaron a los jóvenes, incineraron sus cuerpos y los arrojaron a un río.
Pero el actual gobierno y la Fiscalía han rechazado esta versión y han ampliado las investigaciones.
Desde marzo se han detenido 34 presuntos implicados en el caso, entre ellos Ángel Casarrubias, alias "el Mochomo", señalado como hermano de los presuntos líderes de Guerreros Unidos.
La justicia mexicana también busca a Tomás Zerón, exjefe de investigaciones de la fiscalía general y señalado de irregularidades en las pesquisas.
El gobierno tiene informes de que Zerón, el exfuncionario de mayor rango señalado en las investigaciones, estaría oculto en Israel y ha pedido su detención.
