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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó el reciente informe de Naciones Unidas que relaciona al gobierno de Nicolás Maduro con "crímenes de lesa humanidad", afirmando que más de 800 agentes venezolanos han sido acusados en los últimos tres años por violaciones de derechos humanos.
"En este período han sido acusados un total de 804 funcionarios y 123 civiles, lo que hace un total de 927 acusados por cometer violaciones a los derechos humanos", dijo el fiscal durante una rueda de prensa conjunta con el canciller Jorge Arreaza en Caracas.
Las "acusaciones interpuestas" han sido por delitos de "homicidio, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, privación ilegítima de la libertad y violaciones de domicilio", detalló Saab, al tildar el informe difundido el 16 de septiembre "como un reporte totalmente sesgado".
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Entre los procesados hay miembros de las policías estadales adscritas a las gobernaciones, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana, que cobija a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), sobre las que pesan múltiples denuncias.
Desde su creación en 2017, las FAES han sido señaladas por violaciones que incluyen allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes.
En septiembre de este año, la fiscalía ha "solicitado a los tribunales competentes la imputación de 70 funcionarios (...) de las FAES en distintos estados del país, lamentablemente incursos en presuntas violaciones a los derechos humanos", añadió el fiscal.
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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en septiembre de 2019 un duro informe en el que dijo documentar posibles ejecuciones extrajudiciales de las FAES, y exigió su disolución. Maduro acusó entonces a la funcionaria de repetir "mentiras" sobre Venezuela.
En esta oportunidad, tanto Saab como Arreaza descargaron contra el informe publicado esta semana de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que dijo haber encontrado "motivos razonables" que vincula a autoridades venezolanas, incluyendo Maduro y sus principales ministros y fuerzas de seguridad, con la planificación y ejecución de "graves violaciones a los derechos humanos" desde 2014. Algunas de esas acciones "constituyen crímenes de lesa humanidad", apuntó el documento de 411 páginas.
El informe "es un fraude, un monumento a la propaganda de guerra", sostuvo el canciller Arreaza, al afirmar que el gobierno venezolano realiza un "trabajo cercano" con la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
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Arreaza añadió que hay un equipo de la Alta Comisionada en Venezuela de "manera permanente". "Acabamos de aprobar la renovación de nuestro compromiso de trabajo con la oficina (...) ellos están aquí en el terreno, y los informes de la Alta Comisionada, con las discrepancias que podamos tener, al menos metodológicamente, son correctos porque están en Venezuela", dijo Arreaza.
