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"Libertad", "Justicia", "El pueblo unido, jamás será vencido", coreaban los manifestantes, la mayoría con el rostro cubierto con pañuelos y banderas de Nicaragua en las manos.
Las marchas denominadas "Masaya Florecerá" y "Del pueblo para el pueblo, de que se van, se van" fueron convocadas el viernes por la Alianza Cívica, que aglutina a organismos de la sociedad civil.
Las movilizaciones partieron de dos puntos distantes de Managua y confluyeron sobre la transitada carretera a Masaya, 30 km al sur de Managua.
Masaya fue el último bastión opositor tomado por las fuerzas gubernamentales, en medio de la ola de protestas iniciada el 18 de abril en Nicaragua, en las que han muerto unas 280 personas y 2.000 resultaron heridas, según organismos de derechos humanos.
La jornada opositora se realizó dos días después de que Ortega denunció que las protestas son parte de un plan golpista para sacarlo del poder, son financiadas desde el exterior y tienen apoyo de sectores internos.
La vicepresidenta Rosario Murillo dijo el viernes que "se hará justicia a las víctimas del terrorismo golpista" y que la justicia será "capaz de reconocer los delitos, los crímenes aberrantes y diabólicos" .
El parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó el lunes una polémica reforma legal que castiga con 15 a 20 años de prisión el terrorismo
"No tenemos miedo"
"Las protestas no se van a acabar, vamos a seguir en las calles exigiendo libertad (...) no nos importa esa ley de terrorismo que acaba de aprobar el gobierno, vamos a seguir luchando por nuestra libertad", dijo una joven de 23 años que se identificó como María.
"No tenemos miedo, mientras mas seamos en las calles menos nos pueden hacer no hay que tener miedo", exclamó a periodistas una estudiante que no dio su nombre.
"Queremos poder respirar tranquilos, salir de nuestras casas con tranquilidad (...) la lucha es para que Nicaragua sea libre y hacer justicia por nuestros muertos", manifestó un muchacho de 24 años en la marcha.
Marcha a favor de Ortega
Al mismo tiempo, simpatizantes del gobierno realizaron una marcha de apoyo a Ortega. "Justicia por los muertos" pedían los manifestantes en su mayoría policías que han perecido enfrentando las protestas opositoras.
La marcha en el llamado centro histórico de Managua, era protegida por la policía y se encaminó hacia las instalaciones de la cárcel de El Chipote.
En las afueras de esa prisión se encuentran acampando hace días allegados de detenidos en las protestas antigubernamentales, a la espera de que la policía les informe sobre la situación de sus familiares.
Organismos de derechos humanos los tuvieron que evacuar para evitar que fueran agredidos por los seguidores de Ortega.
Las mujeres, en su mayoría madres de detenidos, se refugiaron en la Catedral de Managua.
"Vinieron hombres encapuchados con armas a decirnos que si no nos salíamos nos iban a matar, por eso nos venimos acá" a la Catedral, dijo a la AFP una mujer que no quiso revelar su nombre
"Dijeron que a punta de balas nos iban a sacar (...) y para proteger nuestras vidas decidimos salir de ahí", declaró la esposa de un exmilitar que estaría detenido por negarse a ser parte de grupos paramilitares.
Denuncias de torturas
"¿Cuándo se va a terminar esta pesadilla?", demandó sin contener el llanto, Carmen Velázquez, esposa de un detenido, quien se desmayó debido a su estado de embarazo.
"No les basta reprimir a sus hijos detenidos de manera ilegal, sino que ahora van contra las madres que están esperando información sobre ellos", dijo a la AFP la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Marlin Sierra.
Ubicado sobre un cerro en el centro de Managua, El Chipote ha sido señalado como un centro de tortura por organismos de derechos humanos que pidieron su cierre.
Estados Unidos critica la violenta represión del gobierno de Managua a las protestas. Y este sábado, antes de cumbre de ministros de Finanzas del G20 en Buenos Aires, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que su país podría considerar sanciones económicas a Nicaragua.
El mandatario, Ortega, un exguerrillero de 72 años, con 11 años en el poder, esta en su tercer mandato y afronta una ola de protestas detonadas por una reforma al sistema de pensiones, que se extendió a una demanda para su salida del gobierno.
