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Una demanda sin precedentes ha sacudido el sistema judicial de Estados Unidos, con la primera dama de Francia, Brigitte Macron, y el presidente Emmanuel Macron como demandantes contra la influyente comentarista conservadora Candace Owens. El caso, presentado ante el Tribunal Superior de Delaware, acusa a Owens de haber emprendido una campaña sistemática de difamación, acoso y humillación pública, por la cual la pareja presidencial podría reclamar hasta 50 millones de dólares.
El detonante fue un episodio del pódcast de Owens, titulado "Becoming Brigitte", publicado en marzo de 2024, en el que relanzó una antigua teoría conspirativa que afirma falsamente que Brigitte Macron es un hombre. El contenido —cargado de documentos, insinuaciones biológicas y entrevistas manipuladas— se viralizó con más de 2,3 millones de visualizaciones solo en YouTube, además de amplificación en otras redes donde Owens suma millones de seguidores.
“Si hay un caso flagrante de difamación, es este”, afirmó el abogado Thomas Clare, del bufete Clare Locke LLP, que representa a los Macron. La denuncia, de 218 páginas, fue presentada el 23 de julio y contiene 22 cargos, incluyendo difamación, invasión de privacidad, daño moral intencional y acoso sistemático.
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Los abogados sostienen que Candace Owens difundió deliberadamente una teoría “falsa e infundada”, con el objetivo de “humillar a la señora Macron, causarle angustia emocional y obtener un beneficio económico sustancial”. Según el expediente judicial, la campaña provocó amenazas de muerte, cartas anónimas al Palacio del Elíseo y agresiones verbales contra los nietos del presidente francés.
“La señora Owens tuvo múltiples oportunidades para verificar los hechos o retractarse de sus declaraciones”, subrayó Clare. “En cambio, redobló sus esfuerzos. Estas mentiras han causado un daño enorme a los Macron”.
Los demandantes argumentan que Owens fue advertida formalmente en tres ocasiones —en diciembre de 2024, abril y julio de 2025— sobre el carácter difamatorio de sus declaraciones, y que ignoró deliberadamente esas notificaciones. Según la legislación estadounidense, un caso de difamación de figuras públicas requiere probar “malicia real”, es decir, la intención consciente de difundir falsedades.
Jared Kaplan, abogado y profesor en Georgetown, señaló que si se demuestra que Owens monetizó estas acusaciones, podría enfrentar “daños punitivos asombrosos”, más allá de la compensación por perjuicio moral o reputacional.
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Candace Owens reaccionó desde su cuenta en redes para adultos, afirmando que es víctima de censura. “No me dejaré silenciar por ningún gobierno extranjero. Esto es Estados Unidos”, escribió, en lo que se anticipa será su principal línea de defensa: ampararse en la Primera Enmienda y su protección de la libertad de expresión.
La Casa Blanca se ha abstenido de comentar sobre el caso, aunque altos funcionarios han reconocido en privado su inquietud por el impacto diplomático del proceso. Es la primera vez que un presidente en ejercicio de un país aliado inicia una batalla legal tan directa contra una figura mediática estadounidense de alto perfil.
La próxima audiencia preliminar fue fijada para el 17 de septiembre en Wilmington, Delaware. Allí, Candace Owens deberá declarar bajo juramento y responder a los 22 cargos en su contra.
