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La justicia salvadoreña puso en libertad a Cindy Erazo, una mujer que en 2015 fue condenada a 30 años de prisión tras ser culpada de la muerte de su hijo recién nacido en aplicación de las estrictas leyes contra el aborto en el país.
"Cindy ha recobrado su libertad, luego de sufrir un juicio injusto y pasar varios años de su vida en la cárcel por algo que no cometió", dijo a la AFP la coordinadora de la organización Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Erazo fue liberada el martes de una prisión salvadoreña. Su caso se remonta a agosto de 2014 cuando sufrió un parto precipitado en un baño de un centro comercial en la periferia este de San Salvador.
En ese sitio, la mujer tuvo un fuerte dolor abdominal y permaneció dentro del baño por más de media hora, lo que levantó sospechas en personal de limpieza del centro comercial.
El informe judicial de ese entonces señala que la encargada de la limpieza le preguntó a Erazo qué le pasaba al observar que no salía del baño. Ésta contestó que "estaba mal del estómago y que tenía una hemorragia" y luego pidió abundante papel higiénico.
El personal de seguridad del centro comercial, alertado por la encargada de limpieza, acudió al sitio y llamó enseguida a la policía tras observar que Erazo tenía un feto que había colocado dentro de una bolsa.
La policía trasladó a la mujer a un hospital donde fue atendida por la hemorragia, y los médicos señalaron al revisar el feto que Erazo había abortado.
En abril de 2015 fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, pero tras un recurso de casación que su defensa interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su sentencia se redujo a 10 años en 2016.
Debido a su buena conducta y a que participó en programas de rehabilitación, a Erazo le fue concedido el beneficio que contempla la ley de salir en forma anticipada de prisión tras cumplir más de la mitad de su condena.
"Estamos contentas con el caso de Cindy, que ha sido una victoria más por las mujeres que están en prisión acusadas injustamente por haber sufrido emergencias obstétricas", remarcó Herrera.
El Salvador adoptó en la década de 1990 una drástica legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso en caso de riesgo para la vida de la madre.
Según organizaciones de defensa de derechos de la mujer, 18 mujeres están encarceladas bajo esa ley y casi medio centenar han sido liberadas después de ser condenadas por pérdidas de embarazo.
