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Los países de la Unión Europea acordaron este lunes 8 de diciembre, una reformulación drástica de su política migratoria, centrada en endurecer los controles, las expulsiones y las condiciones para quienes ingresen al territorio europeo.
La decisión, tomada en una reunión de ministros del Interior en Bruselas, marca un giro hacia medidas más estrictas impulsadas por la presión de gobiernos conservadores y el avance político de la derecha en el continente.
Gestión Migratoria
Aunque el paquete aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, los Estados miembros ya avalaron el marco general que transformará la gestión migratoria en la región.
El eje del endurecimiento es la creación de “centros de retorno” fuera de la UE, donde se enviará a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Este cambio permitiría externalizar los procesos de expulsión, alejando la gestión de quienes no consigan protección internacional.
Además, Europa habilitaría la posibilidad de trasladar a los migrantes a países considerados seguros, aunque no sean sus naciones de origen, ampliando así el margen de deportaciones.
Sanciones Severas
Para quienes reciban una orden de salida y decidan permanecer en territorio europeo, el paquete contempla sanciones más severas, con mayor capacidad de los Estados para forzar o acelerar su expulsión.
Las autoridades comunitarias justifican este giro como una manera de recuperar el control político del tema. La caída del 20 % en las entradas irregulares durante el último año no ha reducido la presión sobre los gobiernos, que buscan respuestas más duras ante el malestar social.
“Debemos transmitir a los ciudadanos que gestionamos esta situación con firmeza”, afirmó el comisario europeo Magnus Brunner, arquitecto del nuevo enfoque.
Paquete de Medidas
No obstante, el paquete genera rechazo entre organizaciones humanitarias y sectores progresistas, que denuncian que estas modificaciones rebajan estándares de protección y ponen en riesgo los derechos fundamentales.
El endurecimiento también se extiende al sistema de reparto de solicitantes de asilo. Los países que no quieran recibirlos deberán pagar 20.000 euros por cada persona que se nieguen a acoger, una medida pensada para aliviar a Estados como Grecia e Italia.
Aunque este mecanismo entrará en vigor en junio, hay pocos gobiernos dispuestos a anunciar públicamente la acogida de grandes cantidades de solicitantes.
