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La justicia peruana bajó el telón a un mes de audiencias contra la cúpula del opositor partido Fuerza Popular, que acabó con su líder Keiko Fujimori y seis coacusados en prisión preventiva acusados de presunto lavado de activos por recibir aportes ilegales de Odebrecht.
La orden judicial de captura internacional y prisión del exsecretario general del partido Jaime Yoshiyama y el impedimento de salida del país del asesor Augusto Bedoya cerraron un mes de audiencias y resoluciones judiciales a once investigados de la agrupación.
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"La prisión preventiva deviene en indispensable para conjurar el riesgo en el proceso, conforme se ha patentizado en la conducta de Yoshiyama de eludir a la justicia", dijo el juez Richard Concepción Carhuancho para justificar su decisión, resaltando la presencia del investigado en Estados Unidos.
Yoshiyama se desempeñó como secretario general del partido fujimorista en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, en la que postuló a la vicepresidencia peruana.
Además de Yoshiyama, quien se recupera en Miami (Florida, EEUU) de una operación a la vista, según su abogado, el juez dictó impedimento de salida del país por 36 meses para Bedoya. El empresario integró el comando de campaña y el círculo de confianza de Keiko en las presidenciales.
Siete en prisión preventiva
Siete de los 11 acusados deberán pasar 36 meses en prisión preventiva, luego que el juez declarara fundadas las alegaciones de la fiscalía de que existe "riesgo de fuga y obstrucción a la justicia" en este caso que concita gran interés mediático.
Ya se encuentran en prisión la propia Keiko Fujimori y sus asesores Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz y Luis Mejía Lecca.
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Sobre dos acusados, Jaime Yoshiyama y Giancarlo Bertini, se dictó además orden de captura internacional.
Los restantes cuatro acusados quedaron en libertad provisional y con prohibición de salida del país. Uno de ellos, un sobrino de Jaime Yoshiyama, llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía, a cambio de una reducción de cargos en su contra.
Las audiencias se iniciaron el pasado 24 de octubre, cuando el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez sustentó el pedido de prisión preventiva para todos los investigados.
La fiscalía los acusa de formar "una organización criminal" al interior de la agrupación Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) para captar y ocultar fondos ilícitos de Odebrecht destinados a financiar la campaña presidencial de Keiko, en 2011.
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Odebrecht, según declaración de su exjefe en Perú, Jorge Barata, financió con 1,2 millón de dólares la campaña de Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Keiko presa
Keiko Fujimori, de 43 años y la mayor de los cuatro hijos del expresidente Fujimori, está encarcelada desde el pasado 31 de octubre. Sus abogados apelaron la decisión judicial.
Si permanece detenida los 36 meses, quedará fuera de las elecciones presidenciales de 2021 a las que aspira a postular en su tercer intento por alcanzar la presidencia peruana desde 2011.
La prisión preventiva a Keiko Fujimori se decidió por considerar la justicia que existe riesgo de fuga o de que intente obstruir las investigaciones en su contra.
La líder opositora niega haber recibido fondos de Odebrecht.
Paralelamente, Keiko debe afrontar una compleja crisis interna en su monolítico partido, que puede derivar en un quiebre.
Keiko manejaba al partido en forma autocrática, mientras su bancada, con amplia mayoría en el Congreso desde 2016, atacaba sin contemplaciones a sus adversarios.
Evidencias de liderar por dos años una oposición obstruccionista y las acusaciones de corrupción desplomaron la popularidad de Keiko, quien adoptó un sorpresivo tono conciliador y propuso la "paz y el reencuentro" días antes de recibir prisión preventiva.
