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El Tribunal Supremo de España abrió la puerta a revisar la legalidad de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que el proceso podría entrar en conflicto con el derecho de la Unión Europea. Mientras el Ejecutivo defiende que la medida es plenamente compatible con la normativa comunitaria, el alto tribunal analiza la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) e incluso suspender temporalmente el decreto.
La decisión llega justo cuando concluye el plazo para que alrededor de un millón de inmigrantes pudieran acogerse al proceso extraordinario de regularización, uno de los más amplios impulsados en España en las últimas décadas.
El Supremo estudia acudir a la Justicia europea
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días a las partes para presentar alegaciones sobre la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE, mecanismo mediante el cual la justicia europea interpreta la normativa comunitaria antes de que el tribunal español resuelva el fondo del litigio.
La iniciativa surge en el marco de los recursos presentados por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra diversos aspectos del real decreto aprobado por el Gobierno.
Una vez reciba las alegaciones, el Supremo decidirá si remite la consulta a Luxemburgo y si suspende cautelarmente la aplicación del decreto mientras se pronuncia la justicia europea.
Las dudas del tribunal
Los magistrados consideran que la regularización extraordinaria podría entrar en conflicto con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, al tratarse de una medida de carácter general dirigida a extranjeros en situación irregular y no de autorizaciones individuales.
También cuestionan una disposición que permite conceder permisos de residencia temporal a personas que solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026, incluso cuando dicha protección haya sido denegada y exista una orden de expulsión vigente.
Según el Supremo, esa situación podría contravenir los principios de cooperación, solidaridad y reparto de responsabilidades establecidos por la normativa europea en materia migratoria.
Asimismo, los magistrados sostienen que una regularización masiva puede afectar las reglas comunes sobre control de fronteras y circulación de ciudadanos de terceros países dentro del territorio de la Unión Europea.
El Gobierno defiende la legalidad del proceso
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que ya trabaja junto con la Abogacía del Estado en las alegaciones que presentará ante el Supremo para defender que el decreto "es plenamente compatible con el derecho comunitario".
Desde el departamento que dirige Elma Saiz recuerdan que el propio Tribunal Supremo rechazó en mayo las medidas cautelares que buscaban paralizar el procedimiento y destacan que el proceso ha continuado desarrollándose con normalidad desde entonces.
El Ejecutivo insiste además en que la autorización concedida mediante esta regularización solo tiene validez dentro del territorio español, por lo que considera que no invade las competencias europeas en materia de libre circulación.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también defendió la iniciativa y recordó que anteriormente el Supremo rechazó los intentos de paralizarla promovidos por la Comunidad de Madrid, Vox y diversas asociaciones.
Sumar cierra filas con el Ejecutivo
Los socios del Gobierno respaldaron de forma unánime la regularización.
El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, sostuvo que la medida "ni interfiere ni contradice el derecho comunitario", mientras que Gerardo Pisarello afirmó que no existe incompatibilidad con la legislación europea.
Desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez acusó al Supremo de intentar limitar derechos y pidió al Gobierno ampliar el plazo de regularización para evitar que posibles beneficiarios queden excluidos.
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, defendió que cada Estado miembro mantiene soberanía para desarrollar su propia política migratoria y calificó la regularización como una medida de justicia social.
La decisión aún no implica la suspensión del decreto
Fuentes del Tribunal Supremo precisaron a medios españoles que la eventual suspensión del real decreto no es automática y dependerá de una decisión posterior de los tres magistrados encargados del caso.
Además, señalaron que el eventual perjuicio inmediato sería limitado, ya que el plazo para presentar solicitudes concluyó y quienes iniciaron el trámite reciben de manera automática una autorización provisional mientras se resuelve su expediente.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió el Tribunal Supremo de España?
Abrió un trámite para estudiar si consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno.
¿La regularización queda suspendida?
No. Por ahora el proceso continúa vigente. El Supremo aún debe decidir si plantea la cuestión prejudicial al TJUE y, en caso de hacerlo, si suspende temporalmente el decreto.
¿Por qué el Supremo tiene dudas sobre la medida?
Porque considera que una regularización masiva podría entrar en conflicto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como con los principios comunitarios de cooperación, solidaridad y control común de las fronteras exteriores.
¿Qué responde el Gobierno español?
El Ejecutivo sostiene que el decreto fue elaborado respetando plenamente el derecho comunitario y que los permisos concedidos solo permiten residir y trabajar dentro de España, por lo que considera que la medida es compatible con la normativa de la Unión Europea.
