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La justicia brasileña autorizó este viernes la liberación del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción.
Un juez de ejecución de penas determinó que ya "no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia", después que la Corte Suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
El anuncio fue recibido con gritos de "Lula, guerrero del pueblo brasilero" por centenas de personas congregadas frente a la sede de la Policía Federal donde el exmandatario (2003-2010) purga su pena.
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La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó poco antes que Lula tiene la intención de "agradecer" a las personas que realizan una vigilia de apoyo en Curitiba "desde hace 580 días" y que una de sus primeras actividades previstas será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao Paulo, donde inició su carrera política.
La decisión de la Corte Suprema debe llevar a los tribunales a examinar la situación de unas 5.000 personas. Sin embargo, no todas serán liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Los simpatizantes políticos del expresidente (2003-2010) no son los únicos que lo esperan con ansias. Su novia Rosángela da Silva, conocida como "Janja", tuiteó tras conocerse el jueves la decisión del STF: "¡Mañana te voy a buscar! ¡Espérame!".
Apoyo de simpatizantes
Mientras se tomaba la decisión, los simpatizantes del expresidente brasileño aguardaban este viernes con ansiedad su liberación frente a la sede de Policial de Curitiba (sur).
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Un abogado de Lula afirmó, tras visitarlo por la mañana, que no había motivos para demorar la liberación, después que la Corte Suprema vedara el encarcelamiento en este caso.
"Esperamos que (la juez de ejecución de penas) expida de inmediato la orden de liberación, porque no hay ninguna razón para aguardar cualquier otro trámite", declaró Cristiano Zanin, tras entregar el pedido de soltura a la juez de ejecución de penas.
Frente a la Superintendencia de la Policía Federal, varias decenas de personas volvieron a corear por la mañana "¡Buen día presidente!", con la esperanza de que esta fuera la última vez que cumplen ese ritual cotidiano.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.
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Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de la operación anticorrupción Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).
Moro afirmó este viernes que la decisión de la Suprema Corte "debe ser respetada", pero sostuvo que "continuará" defendiendo la prisión después de una condena en segunda instancia. "El Congreso puede, de todos modos, modificar la Constitución o la ley" para permitirlo de nuevo, agregó.
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