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Los diez imputados declararon hoy, por orden y durante cuatro horas, ante el magistrado Pablo Llarena, que resolverá sobre sus peticiones de libertad y sobre la de la Fiscalía, solicitó que continúen en prisión preventiva ya que considera que "persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva".
La decisión del juez llegará unas horas antes de que comience la campaña electoral para los comicios regionales del 21 de diciembre, en los que concurren siete de esos ocho exconsejeros y uno de los líderes de la entidades independentistas.
Todos ellos acataron ante el magistrado la Constitución y la la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, puesto en marcha por el Gobierno español para devolver la legalidad a Cataluña tras la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre, con el que sin embargo no se mostraron de acuerdo, y se comprometieron a actuar por el cauce legal a partir de ahora.
Entre los exgobernantes catalanes, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva fueron los únicos que se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía, mientras que el resto contestaron a las acusaciones en mayor o menor medida.
Durante su interrogatorio, se les hizo a todos ellos una serie de preguntas en el sentido de si aceptaban la aplicación del artículo 155, si estaban en contra de la violencia, si son candidatos a las elecciones, si tienen bienes en el extranjero (la mayoría dijo que que no) o si renuncian a lograr la independencia fuera de las vías de la Constitución.
Todos ellos se comprometieron en el marco constitucional, aunque "cada uno a su manera" y "con diferentes matices o diferentes acepciones", según dijo a la prensa el abogado de tres de los exconsejeros al término de las declaraciones.
Los ocho miembros del anterior gobierno regional catalán (destituido el 27 de octubre por el Ejecutivo español) permanecen en prisión desde el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.
El expresidente regional catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros, reclamados por la Justicia española, se marcharon entonces a Bélgica y allí están a la espera de que las autoridades judiciales de ese país decidan si son entregados a España.
También están en prisión, desde el 16 de octubre, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, como sospechosos de un delito de sedición por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre, cuando este cuerpo de seguridad realizaba una operación para impedir el referéndum ilegal de "autodeterminación" del 1 de octubre.
Todos fueron encarcelados por orden de la Audiencia Nacional española, que inicialmente se encargó de investigar los posibles delitos citados a petición de la Fiscalía.
El pasado día 24, el TS decidió asumir todas las causas abiertas en relación con el proceso independentista y Llarena centralizó la investigación.
Entonces, todos los encarcelados pidieron declarar ante el juez y pedir la libertad provisional con el argumento de que, desde que entraron en prisión, han acatado las decisiones del Ejecutivo central para impedir el secesionismo, de acuerdo con la Constitución española, entre ellas, la disolución del anterior gobierno catalán y la convocatoria de elecciones regionales.
La clave sobre la que girará la decisión del magistrado, será si a partir de los escritos de las defensas y de las declaraciones de hoy, considera que existe riesgo de fuga y, sobre todo, de reiteración delictiva.
Con información de EFE
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