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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó que las autoridades civiles que incluyen miembros de las fuerzas armadas y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, cometieron crímenes contra la humanidad en Venezuela, evidenciados desde abril del año 2017.
De acuerdo con la ex fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en ese territorio existía "base razonable" para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad, pero que necesitaba observar si Caracas llevaba a sus responsables ante la justicia.
Las autoridades venezolanas solo han presentado un "altamente limitado" número de cargos criminales vinculados a esas protestas en las que murieron alrededor de 100 personas, según indicó el informe de la Fiscalía.
Cabe mencionar que bajo el Estatuto de Roma que rige el funcionamiento de la CPI, la Corte tiene autoridad para investigar crímenes ocurridos dentro de países miembros como Venezuela, si estos son reticentes o incapaces de hacerlo por ellos mismos.
Por su parte, el nuevo fiscal, Karim Khan, deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto.
Esto podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.
Con base en sus indagaciones, la CPI asevera que las fuerzas de seguridad venezolanas y las milicias progubernamentales cometieron crímenes de encarcelamiento, tortura, violación y persecución, señaló el informe.
El texto se centra especialmente en el mal trato de las personas detenidas puesto que había pruebas disponibles de estas acusaciones, pero se pueden profundizar, añadió.
Por su parte, Venezuela rechazó las acusaciones como una "farsa", mientras que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en mayo la acusación contra 12 miembros de la Guardia Nacional por la muerte de una persona de 20 años en Caracas.
