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El Gobierno español alcanzó este martes un acuerdo con el partido Ciudadanos para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, que será de quince días como las anteriores y no de un mes como pretendía en un principio el Ejecutivo para continuar la lucha contra la pandemia de coronavirus.
El Gobierno se comprometió a analizar, durante estos quince días, que concluirán el 7 de junio, medidas y reformas que permitan gestionar la pandemia de coronavirus sin la herramienta del estado de alarma, que se está usando para limitar la movilidad como medida para combatir la COVID-19.
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El acuerdo con Ciudadanos incluye otros puntos relacionados con la economía como el aumento de tres a cuatro meses el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes, sin intereses de demora, así como agilizar el pago de prestaciones para las personas que se han quedado sin trabajo o que lo tienen suspendido debido a la pandemia y que aún no han cobrado ese dinero.
Además, se va a analizar la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación.
El Ejecutivo insiste en que "continúa siendo necesario" prorrogar el mecanismo constitucional del estado de alarma para afrontar esta pandemia y que debe prolongarse "solo por el tiempo estrictamente necesario", según explicó en un comunicado.
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El Gobierno español -una coalición progresista entre el Partido Socialista y la coalición de izquierda Unidas Podemos- no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante las prórrogas, por lo que debe negociar cada quince días para lograr apoyo parlamentario, y cada vez le cuesta más conseguir los apoyos.
Pese a que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, había dicho que deseaba una prórroga de un mes, el acuerdo con Ciudadanos decide que sea de quince días, como las anteriores.
Tanto Ciudadanos como el conservador partido Popular (PP), principal grupo de oposición han insistido en que la legislación española permite otras fórmulas para reducir la movilidad, frente al punto de vista del Gobierno.
