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El Gobierno español plantea exigir condiciones más rigurosas para acceder al asilo en ese país, luego de conocerse la cifra récord de solicitudes para cobijarse en este sistema de protección, que superan las 118 mil.
Se conoció que el alto volumen de peticiones obligará al Gobierno español a adelantar medidas como reducir los días de plazo para presentar la solicitud de asilo.
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Este plazo pasará de ser de 30 días a solo 10 días; si en ese lapso no está registrado el proceso será desestimado inmediatamente.
Hay que recordar que del número total de solicitudes, cerca de 29 mil fueron radicadas por colombianos y otras 40 mil por venezolanos.
De hecho, las cifras de solicitudes desde países latinoamericanos son muy superiores a las recibidas desde naciones con conflictos bélicos de alta importancia, como Yemen o Libia.
Las medidas españolas coinciden con similares establecidas, por ejemplo desde el Reino Unido, que exigirá el dominio absoluto del idioma inglés y tener una oferta de trabajo en firme para poder dar entrada en el país a personas foráneas.
En este momento el número de solicitudes de asilo que se encuentran trabadas en su trámite, debido el número inédito de las mismas, es de cerca de 60 mil.
Las nuevas restricciones están planteadas en el borrador de una ley conocido por el periódico El País, según la cual se limitará el acceso a centros de acogida.
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Otra de las medidas sería el aumento en el número de conceptos que permiten la negación del amparo, entre ellos, la noción de que al interior de los países de origen existan zonas "seguras" para que el migrante sea retornado.
El argumento del Gobierno español tendría que ver con que la ley actual, vigente desde el año 2009, no está acorde con las realidades y la naturaleza actual de los procesos migratorios en el país ibérico.
España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea al que llegan masivamente personas buscando refugio, luego de Francia y Alemania.
No obstante las mayores restricciones, la ley también plantea elementos más garantistas como el registro formal de todo peticionario que permite un estatus de legalidad a lo largo de su proceso y les permita acceder a ayudas gubernamentales provisionales.
Las políticas de la Unión Europea en materia de migraciones experimentaron un giro hacia más restricciones, luego de la llegada de más de un millón de refugiados en el año 2015 a las costas mediterráneas de Grecia e Italia.
Por Carlos Illán, corresponsal de RCN Radio en Madrid (España).
