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El Ministerio Público de Perú solicitó este martes 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado expresidente Pedro Castillo, por presuntamente encabezar una supuesta organización corrupta durante su Gobierno (2021-2022).
Este pedido fiscal, que será evaluado en una audiencia el próximo viernes 3 de marzo, también implica a los exministros de Castillo de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.
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A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía detalló que, en el caso del exmandatario, este requerimiento corresponde "al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión (corrupción) y tráfico de influencias".
Silva, por su lado, es acusado de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.
Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido por intentar dar un fallido autogolpe de Estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.
Ahora, la Fiscalía ha solicitado 36 meses de preventiva, pero esta vez por presuntamente encabezar una organización durante su Gobierno dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.
El expresidente ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente. La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el exmandatario que aprobó el Legislativo recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder.
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También por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
