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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó este lunes el “Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020” y en el que destaca que luego de una “evaluación detallada” concluye que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
En el documento de seis páginas se señala directamente a fuerzas militares, policiales así como “individuos a favor del Gobierno” de Nicolás Maduro de ser responsables de los crímenes.
“La Fiscalía finalizó su análisis de la competencia material en relación con la situación en Venezuela. Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
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Se refiere a crímenes de “encarcelación u otra privación grave de la libertad física (…) tortura, (…) violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad (…) y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”.
Además, señala directamente a la policía política y las llamadas FAES, dos cuerpos de seguridad que han sido denunciados violaciones de derechos humanos e incluso asesinatos.
“La información a disposición de la Fiscalía brinda un fundamento razonable para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.
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Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se compromete en concluir el examen preliminar “a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”.
