Fiscalía peruana acusa a Alejandro Toledo de tráfico de influencias y lavado de activos por caso Odebrecht

La Fiscalía de Perú anunció formalmente la investigación penal contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el cobro de coimas para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht.

Se informó que el proceso también se extiende a Jorge Barata, exdirector de las oficinas de Odebrecht en Perú, y a Josef Maiman, empresario amigo de Toledo señalado de ejercer como testaferro del expresidente.

Según la nota de la Fiscalía, a Barata se le formalizará investigación preparatoria "como cómplice primario del delito de lavado de activos" y Maiman como "autor" en el caso.

Tras este anuncio de la Fiscalía, será un juez el que tendrá que definir en una audiencia, que se realizará antes de 48 horas, qué medidas se tomarán respecto al expresidente y los otros acusados y que pueden incluir un pedido de búsqueda y captura internacional.

Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada en el caso de los sobornos de Odebrecht, que cobró fuerza durante el pasado fin de semana cuando la prensa peruana filtró información que señalaba que Barata confirmó a las fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos para entregar la construcción de la carretera Interoceánica a la empresa brasileña.

La Policía allanó la lujosa vivienda que Toledo compró en Lima tras terminar su mandato y se retiró con numerosos documentos.

Desde que se conocieron las filtraciones, Toledo, que se encuentra en Francia junto a su esposa Eliane Karp, ha negado categóricamente el haber recibido dinero de la constructora, denunció una persecución de sus "enemigos" y consideró que Barata "mintió" en su declaración ante la Fiscalía.

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Con información de EFE