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Las Fiscalías de Colombia y España suscribieron un convenio de cooperación judicial internacional para impulsar las investigaciones sobre corrupción en relación con varios escándalos, como el de Odebrecht, y el llamado caso Lezo.
"Esto nos va a permitir además de utilizar las fuentes tradicionales de las cartas rogatorias, acceder a mecanismos de intercambio informal que permitan que las investigaciones vayan mucho más aceleradamente", dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez.
El fiscal Martínez encabeza una comisión que viajó a España para reunirse con su homologo de ese país, para intercambiar información clave sobre varios casos de corrupción.
"En Colombia este caso lo llamamos la operación acordeón y la investigación con lo que tiene que ver en el país se relaciona con la forma como se diluyeron los capitales públicos en las empresas de servicios públicos (...) allí se está indagando como hipótesis de la investigación que hayan podido existir actos corrupción", dijo Martínez.
"Tenemos información puntual sobre los hechos que se indagan en España y que involucran a la (Sociedad De Acueducto, Alcantarillado y Aseo) Triple A de Barranquilla (...) es una investigación global sobre un caso de corrupción internacional que según la línea de investigación que se empieza a trabajar comprometería a ciudadanos de lado y lado del Atlántico", indicó el Fiscal.
En relación con el caso Odebrecht, el Fiscal y su grupo de investigadores buscan recibir más información en torno a las irregularidades en el millonario contrato para la navegabilidad del río Magdalena.
En este expediente, la Fiscalía indaga cómo al parecer Odebrecht se puso de acuerdo con la firma española Acciona para lograr quedarse con las licitaciones de los megaproyectos de navegabilidad del río Magdalena y el Metro de Quito, Ecuador.
Asimismo, el Fiscal busca lograra avanzar en cooperación en otros escándalo de corrupción con relación a la responsabilidad de la multinacional Española Typsa, en la millonaria defraudación de los juegos nacionales de Ibagué en 2015, al igual que los casos Mossack Fonseca, TGI y Bionergy.
