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Un juez federal de Brasilia absolvió este miércoles a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para delinquir, en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.
La sentencia absolutoria fue dictada por el juez duodécimo federal de Brasilia, Marcus Vinicius Reis Bastos, y también beneficia a los exministros de Hacienda en los gobiernos del PT Antonio Palocci y Guido Mantega, así como al extesorero de la formación progresista Joao Vaccari.
Los cinco fueron juzgados tras haber sido acusados de haber integrado una organización criminal destinada a desviar recursos de la petrolera Petrobras y de otras estatales durante los gobiernos del PT, primero con Lula (2003-2010) y después con Rousseff (2011-2016), para supuestamente financiar las campañas electorales del partido.
Los acusados fueron declarados inocentes dos meses después de que la propia Fiscalía solicitara su absolución sumaria tras reconocer que no existían "elementos configuradores de la existencia de una organización criminal".
La denuncia fue presentada por el entonces Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes del fin de su mandato en 2017, pero sus sucesores en el cargo, Raquel Dodge y Augusto Aras, no la respaldaron.
De acuerdo con la acusación hecha por Janot, Lula y Rousseff participaron en una red para recaudar entre 2002 y 2016 sobornos por un valor de 1.480 millones de reales (unos 352,4 millones de dólares) para las campañas electorales del PT.
Además de concluir que no existían pruebas de las acusaciones, el juez del caso afirmó que el proceso tan sólo buscaba "criminalizar la actividad política".
"La denuncia no cuenta con los elementos demostrativos del delito de asociación para delinquir ni permite concluir, ni siquiera en tesis, que existía una asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenada, con división de tareas, alguna forma de jerarquía o estabilidad", según la sentencia.
La absolución se produjo en uno de los nueve procesos abiertos en la Justicia contra Lula, que el pasado 8 de noviembre abandonó la prisión en la que estuvo recluido desde abril de 2018 luego de que la Corte Suprema le autorizara a esperar en libertad hasta que agote todos los recursos a que tiene derecho contra sus condenas.
Lula cumplía una pena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero que ya fue ratificada en tres instancias, por lo que tan sólo le quedan pendientes los recursos que presentó ante la Corte Suprema.
La semana pasada una corte de segunda instancia confirmó una condena contra Lula igualmente por corrupción y lavado de dinero y elevó la pena en cinco años, hasta 17, en otro de los nueve procesos contra el exmandatario.
El exmandatario, que asegura ser víctima de una "persecución judicial y política", también había sido absuelto, en julio del año pasado, en otro caso en el que se le acusaba de obstrucción a la Justicia por supuestamente intentar comprar el silencio de un ejecutivo de Petrobras para evitar que lo denunciara por los desvíos en la petrolera.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmó que la nueva absolución demuestra que el presidente más carismático en la historia de Brasil es víctima de una persecución política y judicial destinada a evitar su regreso al poder
