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Las autoridades de Perú evalúan la posibilidad de impugnar la decisión de la Justicia española de no incluir el delito de organización criminal en la aprobación de la extradición del exmagistrado peruano César Hinostroza, según lo confirmó este lunes el procurador anticorrupción Amaco Enco.
El procurador resaltó que "el Estado peruano ha logrado que se apruebe la extradición por cuatro importantes hechos que además,de acuerdo a la justicia española, constituyen delitos de tráfico de influencias".
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La Audiencia Nacional de España accedió este lunes a extraditar a Hinostroza, acusado en Perú de liderar una red de favores de la que participaban políticos y empresarios, por tráfico de influencias y patrocinio ilegal, pero no por organización criminal.
En un auto, la sección primera accedió parcialmente a la petición, apoyada por la Fiscalía española, donde se imputa al exmagistrado haber liderado la organización apodada "Los cuellos blancos del puerto".
Hinostroza podrá ser juzgado por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, pero no por pertenecer a una organización criminal, ya que la Audiencia Nacional indicó que las personas que supuestamente formaban parte de ella no han sido finalmente acusadas por el Parlamento peruano.
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"Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros", concluyeron los jueces españoles.
Al respecto, el procurador Enco remarcó que "el pedido por organización criminal no se agota en esta instancia" y que está evaluando con los abogados que representan a Perú en este caso "presentar una impugnación en este extremo de la decisión".
Enco dijo que para la Procuraduría, "existen elementos" para incluir este delito en la autorización de extradición, pero admitió que para la defensa de Hinostroza "fue punto central la autorización del Congreso" para que se le procese por esta acusación, pero no a otros exmagistrados presuntamente implicados.
El funcionario destacó, además, que para las autoridades judiciales de España "no existe ningún caso de persecución política" contra Hinostroza, ni "cierto riesgo para su integridad personal", tal como argumentó la defensa del exjuez.
Detalló que las partes implicadas en este proceso tienen tres días hábiles a partir de la notificación de la resolución para presentar sus eventuales impugnaciones, que deben llegar al pleno de la Audiencia Nacional en un plazo de entre una semana o quince días.
"Las posibilidades de que la defensa de Hinostroza revierta esta decisión creo que son mínimas, las probabilidades de que la petición del Estado peruano se pueda valorar en segunda instancia también son menores", aclaró.
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A Hinostroza se le acusa de haber hecho gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y de trabajadores de la justicia, así como de liderar una "organización criminal dedicada a realizar nombramientos de personal y ratificaciones ilegales de los mismos dentro del poder judicial, utilizando para ello su cargo".
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