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El Parlamento autónomo de Escocia aprobó una ley que reduce la edad mínima para solicitar el reconocimiento oficial de cambio de género desde los 18 años a los 16 y elimina la necesidad de contar con un certificado médico de disforia de género.
Los solicitantes deberán firmar una declaración en la que aseguren que han vivido al menos tres meses identificados con su nuevo género -seis meses en caso de menores de 18 años-, en lugar de tener que presentar pruebas de que han vivido con su nuevo género durante dos años, como requería hasta ahora la ley.
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"El propósito de esta ley es mejorar el proceso para aquellos que solicitan el reconocimiento legal de género dado que el actual sistema puede tener un impacto adverso en los solicitantes, en parte por el arduo requisito de aportar evidencias. La ley establece un proceso más sencillo, basado en una declaración legal", ha descrito en una carta remitida al Parlamento la secretaria de Justicia Social, Shona Robison.
Se establece además un "periodo de reflexión" de tres meses, tras los cuales el solicitante debe confirmar que mantiene su decisión de cambiar de género.
Ese plazo permite "reafirmar la seriedad del proceso y aporta mayores garantías de que los solicitantes han meditado su decisión en profundidad y con cuidado", describe el Gobierno escocés.
Manifestantes a favor y en contra de la controvertida legislación impulsada por el Ejecutivo del Partido Nacional de Escocia (SNP) expresaron este jueves sus posturas frente al Parlamento de Holyrood (en Edimburgo) durante la sesión, en la que el texto fue aprobado por 86 votos frente a 39.
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El ministro británico para Escocia, Alister Jack, declaró a los medios tras la votación que el Gobierno del Reino Unido "comparte la preocupación de mucha gente en relación a ciertos aspectos de la ley".
Jack sostuvo que la reducción de los requisitos para cambiar de género puede provocar "problemas de seguridad para mujeres y niños" y alertó de que el Ejecutivo central valorará en las próximas semanas si activa las vías que tiene a su disposición para tratar de que la ley no llegue a aplicarse.
