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El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó la "violación" de la embajada mexicana en Quito y pidió respetar el derecho internacional diplomático tras el asalto del edificio por parte de policías ecuatorianos que este viernes detuvieron al exvicepresidente del país Jorge Glas.
"Condeno la violación de las instalaciones de la embajada de México en Quito, en claro incumplimiento de la Convención de Viena de 1961 (que rige las relaciones diplomáticas). Hago un llamado al respeto del derecho internacional diplomático", escribió Borrell en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X.
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México rompió de inmediato las relaciones diplomáticas con Ecuador, y Nicaragua hizo lo mismo este sábado, después del asalto a la embajada de México en Quito, que tuvo como objetivo detener al expresidente ecuatoriano Jorge Glas, que estaba allí recibiendo asilo político.
El Gobierno mexicano calificó el asalto como una violación a su soberanía y al derecho internacional, y también fue condenado este sábado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterreres, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como gobiernos latinoamericanos tanto de izquierdas como de derechas.
Lo hicieron los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) pidió este domingo al Gobierno de Luis Arce que rompa las relaciones diplomáticas con Ecuador por el asalto perpetrado por su Policía a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
"Mi pedido con mucho respeto al Gobierno nacional, que rompa las relaciones diplomáticas con Ecuador hasta que se respete el derecho internacional", dijo Morales en un programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca.
Tras su sustracción de la embajada mexicana, Jorge Glas pasó toda la madrugada en la Unidad de Flagrancia de Quito y fue trasladado en avión a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, situada en el complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil y reservada para los presos más peligrosos.
Sobre el exvicepresidente pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
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También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita tras no recibir el beneficio penitenciario de la prelibertad, después de haber aglutinado las dos sentencias y haber cumplido cerca de cinco años de cárcel, entre 2017 y 2022.
Desde mitad de diciembre de 2023 se había alojado en la embajada de México en Quito para pedir asilo, que le fue concedido este viernes, al declararse víctima de una persecución política y de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
