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Las familias de varios venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador, que aseguran haber identificado a sus parientes a través de fotos y videos, pueden recurrir a la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, según informó su titular, Andrés Guzmán, en entrevista con CNN.
Por órdenes del presidente de EE.UU., Donald Trump, 238 inmigrantes venezolanos fueron deportados y se encuentran recluidos, desde el domingo, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Washington sostiene que estos migrantes forman parte de la banda criminal Tren de Aragua, algo que sus familiares niegan.
“En el caso de que alguna persona tenga algún caso en el que crea que sus familiares o las personas están injustamente privadas de libertad o tienen un problema que tenga injerencia directa en asuntos de derechos humanos pueden venir a la oficina. Estas son oficinas totalmente abiertas”, declaró Guzmán.
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El funcionario, designado por el presidente Nayib Bukele en mayo de 2023, aclaró que aunque su oficina no tiene funciones operativas, sí tiene la facultad de recibir y entregar información a las instancias correspondientes sobre personas que se crean detenidas injustamente.
Guzmán indicó que las personas interesadas pueden enviar la información necesaria al correo comisionddhhle@presidencia.gob.sv para que sea remitida a las instancias encargadas, como la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía o Cancillería, según corresponda. “Lo que hacemos cuando nos llega cualquier caso, que nos pueden llegar todos los casos que quieran y todas las solicitudes que quieran, es llevarlos o enviarlos a las entidades encargadas”, agregó Guzmán.
Hasta el momento, ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado el listado de los venezolanos deportados, quienes según Bukele estarán en prisión por un año prorrogable. No han sido acusados formalmente ni condenados en ningún tribunal.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a Bukele la entrega de sus ciudadanos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Tampoco el gobierno salvadoreño ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.
Por su parte, el Gobierno de El Salvador defiende que los derechos de los detenidos han sido respetados. “En el caso de los privados de libertad que vienen de otra nacionalidad, el trato es totalmente idéntico que cualquier otro privado de libertad dentro del sistema carcelario salvadoreño”, aseguró Guzmán.
Sin embargo, el Gobierno de Venezuela y las familias afectadas han denunciado el trato recibido por los detenidos, argumentando que no se ha demostrado su vinculación con estructuras criminales en un proceso judicial.
El Cecot, la megacárcel inaugurada por Bukele con capacidad para 40.000 reclusos, alberga actualmente a 14.500 internos, principalmente miembros de pandillas salvadoreñas. Diversas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han criticado las condiciones en esta prisión, y el Departamento de Estado de EE.UU. reportó en 2023 violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario salvadoreño, algo que el gobierno de Bukele niega.
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Hasta el momento, EE.UU. no ha presentado pruebas de que los venezolanos deportados pertenezcan a organizaciones criminales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró que se realizó un análisis detallado de los perfiles de los deportados para verificar sus antecedentes delictivos.
La medida ha generado mayores tensiones entre EE.UU. y Venezuela, así como protestas en Caracas. El martes, grupos de venezolanos se manifestaron contra la situación, afirmando que algunos de los deportados son familiares suyos y rechazando que sean delincuentes.
