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El primer juicio contra los fabricantes de medicamentos analgésicos, acusados de haber alimentado la crisis de sobredosis de opioides que azota Estados Unidos, se inició el martes en Oklahoma con el laboratorio Johnson & Johnson en el banquillo de los acusados.
De los tres laboratorios farmacéuticos acusados inicialmente en este estado, Johnson & Johnson, más conocido por su talco para bebés que por los medicamentos contra el dolor vendidos por su filial Janssen, es el único que no alcanzó un acuerdo amistoso con el fiscal de Oklahoma para evitar una demanda.
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El laboratorio Purdue Pharma, que se convirtió en el enemigo número uno en la crisis de los opioides por fabricar el medicamento Oxycontin, llegó a un acuerdo amistoso en marzo con las autoridades del estado al aceptar desembolsar 270 millones de dólares.
El laboratorio israelí Teva hizo lo propio este fin de semana y acordó pagar 85 millones de dólares.
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Johnson & Johnson quiere demostrar que no ha minimizado deliberadamente los riesgos de dependencia de sus medicamentos opiáceos, ni presionó para que se prescribieran excesivamente, mientras está acusado de haber contribuido a la muerte de unas 400.000 personas por sobredosis en Estados Unidos desde hace 20 años.
El abogado del laboratorio, Larry Ottaway, dijo en sus argumentos de apertura el martes que si Johnson & Johnson dijo a fines de la década de 1990 que los opiáceos eran "raramente adictivos", fue porque la agencia de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, suscribía esa apreciación.
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Pero el fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, acusó al laboratorio de actuar por "avaricia", presentando de manera "cínica y engañosa" los opioides como un "medicamento mágico" contra el dolor.
Un fiscal adjunto calculó en 870 millones de dólares anuales el monto que debería gastar ese estado del Medio Oeste para poner fin a la crisis sanitaria.
Este juicio, comparado a menudo con los que hubo contra las tabacaleras y que se saldaron con un amplio acuerdo de más de 200.000 millones de dólares en 1998, debería sentar también un precedente: cerca de 2.000 demandas se han presentado a nivel federal, supervisadas por un juez de Ohio, y cientos a nivel de los estados, incluyendo Nueva York y Massachusetts.
Está previsto que las audiencias, que se desarrollan sin jurado ante el juez del estado, Thad Balkman, se alarguen durante unos dos meses.
